La Corte Nacional Electoral (CNE) no debería sancionar a 400.671 ciudadanos y vulnerar su derecho al voto por los errores de la oficina de Registro Civil, comentaron el ministro de Defensa Walker San Miguel y el presidente del Comité de Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados Jorge Silva (MAS).
La CNE identificó a 400.671 ciudadanos del padrón electoral biométrico irregularmente inscritos en el Registro Civil. Para regularizar su registro, estos electores observados deben presentar certificados de nacimiento a las Cortes Departamentales hasta el 3 de diciembre, 72 horas antes de las elecciones del 6 de diciembre.
Como establece la Constitución y el derecho internacional, debe respetarse el derecho político a sufragar de estos ciudadanos que no falsificaron ningún documento de identidad, recalcó el ministro San Miguel, sorprendido porque "tantos ciudadanos" observados tengan que resolver un problema causado por el Registro Civil.
Según la autoridad, en el país son muy comunes los errores en el registro de nombres y apellidos en certificados de nacimiento y cédulas de identidad. Lejos de ser los culpables, los ciudadanos son los principales afectados por los frecuentes yerros de la burocracia.
"Un principio fundamental de derecho administrativo es que el Estado no puede trasladar su responsabilidad al ciudadano. Si se les niega el derecho a votar, estaríamos hablando de 400 mil ciudadanos ilegales que no podrán cobrar sueldo ni viajar", reclamó San Miguel.
"Ninguna boliviana ni boliviano que se ha esforzado para inscribirse en el nuevo padrón biométrico y que no ha hecho ningún fraude puede ser excluido del voto (...) Sería un atentado a un derecho fundamental establecido en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras cartas orgánicas interamericanas de la Organización de los Estados Americanos", dijo el Ministro.
Por su parte, el diputado Silva, vocero de la campaña del MAS, denunció que la CNE vulnera los derechos constitucionales de más de 400 mil personas: "La CPE señala claramente que sólo se puede suspender el derecho político de una persona que traicionó a la Patria o defraudó recursos del Estado, pero no creo que los miles de observados estén en esa situación".
El parlamentario indicó que no se puede culpar al programa de carnetización, puesto que uno de los requisitos fundamentales para obtener la cedula de identidad era la presentación del certificado de nacimiento.
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