Bolivia ha dado importantes avances en algunos aspectos de Derechos Humanos, pero retrocedió en otros y no avanzó nada en algunos temas, puntualizó ayer el representante en Bolivia de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Denis Racicot.
El personero de la ONU realizó esas precisiones a propósito de los informes elaborados por un lado por el Gobierno y las organizaciones civiles y por el otro por la ONU con relación a la vigencia y respeto de los derechos humanos en Bolivia, en el marco de Examen Periódico Universal (EPU), un nuevo mecanismo fiscalizador de Derechos Humanos adoptado por el organismo internacional y al que cada cuatro se someterán todos los países miembros.
Ayer, el Gobierno se sometió a ese examen y presentó un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país entre 2006 y 2009. El mismo deberá ser defendido por el Gobierno en febrero del próximo año ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente a los informes que presentarán las entidades civiles y la ONU.
Desde la perspectiva del Gobierno, la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, en el que se reconocen derechos civiles, sociales, económicos, entre algunos, ha significado para el país un paso importante. Según Racicot el optimismo del Gobierno con relación a este paso, es destacado por la ONU, que considera la Constitución de Bolivia de avanzada sobre todo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
No obstante, advirtió preocupantes retrocesos y problemas en cuanto a la vigencia del estado de derecho. Dijo que si bien no se puede hablar de desapariciones forzosas como las que se dieron durante los periodos dictatoriales, resultado de la confrontación política se han presentan nuevas formas de violaciones de las garantías y libertades constitucionales y la falta de una instancia tutelar de la constitucionalidad.
En el campo de la justicia, lamentó que persistan los problemas de acceso y retardación de justicia. “Hace 10 años, más del 80 por ciento de los detenidos en las cárceles no tenían sentencias, hoy estamos frente al mismo problema pese a todas las reformas penales que se realizaron”, advirtió.
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