La abogada de las víctimas lamenta la actitud de la defensa del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.
La presentación de la acusación formal contra Leopoldo Fernández y otras 26 personas por la masacre de Pando dio paso a una batalla legal que incluye recusaciones y amenazas de procesos contra varios jueces.
La abogada de tres normalistas fallecidos el 11 de septiembre en la localidad pandina de Porvenir, Mary Carrasco, lamentó la actitud de los representantes del ex prefecto porque hasta el momento recusaron a dos administradores de justicia.
Adelantó que es casi seguro que continuarán con ese tipo de acciones, aunque no habrá problemas porque la acusación fue ingresada de manera legal para el sorteo respectivo del tribunal de sentencia.
“Pueden recusar durante uno o dos años, pero Leopoldo Fernández está acusado ya y ningún juez cautelar tiene facultades en este caso”, manifestó la abogada.
Por otro lado, se refirió al pedido de traslado de la ex autoridad pandina y de los otros imputados por parte de la jueza mixta de Instrucción en lo Penal de Porvenir, María Eugenia Romero, y dijo que se planteará una segunda demanda contra esa autoridad judicial por prevaricato.
Recordó que la administradora de justicia del departamento amazónico tiene una denuncia en su contra por la comisión de ese delito y el expediente del caso está en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.
“Ella es una jueza prevaricadora y tiene que venir a declarar en el proceso que tiene hace más de tres meses ante la FELCC por demanda de los familiares de las víctimas. Se la procesará de nuevo y si se puede se la detendrá”, aseveró.
La jurista explicó que Romero fue acusada porque impidió que los cuadernos de investigaciones del caso masacre de Pando sean devueltos a La Paz luego de que fueron hurtados.
Por su lado, la abogada del ex prefecto de Pando, Sandra Almanza, calificó como totalmente equivocada la presentación de la acusación formal del caso y manifestó que la acción anticiparía una manipulación del proceso. Mencionó que todos los jueces que conocieron este caso tendrían que ser recusados porque anticiparon criterio y actuaron en la búsqueda del beneplácito y los favores del Gobierno.
Manifestó que el acto judicial que dio fin a la fase preparatoria del juicio es ilegal porque existe una acción de libertad y un amparo constitucional que establecen que el proceso tiene que ser ventilado, tramitado y resuelto en la jurisdicción de Pando.
La jurista señaló que incluso hay una orden judicial para que los expedientes y los acusados sean trasladados a ese departamento en el afán de que sean presentados ante el juez natural, pero hay personas que se niegan a acatarla con una actitud completamente abusiva y autoritaria de ejercicio del poder. “Vamos a iniciar las acciones que sean necesarias y emplearemos recursos que nos proporciona la Constitución”.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-10-14&idn=9157