Abuso. Si el hombre de Guarayos quiere volver a su casa, debe abonar $us 50.000. El capitán de Policía que se llevó al ganadero a La Paz y que disparó contra dos reporteros de Unitel deberá comparecer ante el juez
Nelson Vaca Gutiérrez, el hombre que fue arrestado el 3 de septiembre en la carretera entre Santa Cruz y Beni y trasladado a La Paz, acusado de ser traficante de tierras, deberá pagar $us 50.000 si quiere dejar la fría celda de la sede de Gobierno y volver a su casa con arresto domiciliario. Así lo determinó Margot Pérez, jueza cuarta de Instrucción en lo Penal de La Paz, que ayer escuchó los argumentos de Vaca y del Gobierno, tras 13 recusaciones a magistrados.
Sin embargo, el proceso contra Vaca es sólo la mitad del caso, ya que en Santa Cruz, el fiscal Mario Mercado investiga las condiciones en las que el ganadero fue arrestado y la agresión que sufrieron los reporteros de Unitel, Alberto Ruth y Francisco Cuéllar, que fueron golpeados, amenazados y robados por los policías que arrestaron a Vaca. Ese día, los uniformados abrieron fuego contra los periodistas y se llevaron la cámara filmadora, para que Unitel no muestre supuestos abusos que cometieron. Mercado identificó al capitán Wálter Andrade Sanjinés como la persona que abrió fuego contra los reporteros, por lo que el ex jefe de la extinta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) deberá presentarse a declarar en Santa Cruz a las 9:30 del 1 de octubre.
Para asegurarse del cumplimiento de su orden, Mercado envió la citación a la Fiscalía General del Estado y al distrito de La Paz.
Si la presencia del capitán Andrade en la audiencia citada por Mercado no será fácil, tampoco lo fue la cautelar de Vaca. Para poder celebrarse, la jueza Pérez tuvo que aprobar una excepción de incompetencia planteada por la defensa, que esgrime que los hechos juzgados sucedieron en Santa Cruz y por ello el proceso debe ser tramitado en ese departamento.
También la magistrada debió suponer que hubo legalidad en la detención de Vaca, ya que sus abogados no lograron comprobar que el ganadero no fue notificado para declarar. Por ello, el fiscal tenía derecho a mandarlo a detener.
Al iniciarse la cautelar, los abogados del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que acusan a Vaca de tráfico de tierras y de haber avasallado una comunidad campesina en la provincia Marbán (Beni), pidieron prisión preventiva para el imputado y presentaron supuestas pruebas del presunto avasallamiento. La jueza se las rechazó y les recordó que no se pueden presentar pruebas de forma verbal y que antes de llevarlas ante un estrado deben ser puestas en consideración de la defensa, algo que la parte querellante omitió.
Además, ni los abogados del INRA ni la Fiscalía lograron demostrar que Vaca tiene cuatro domicilios y que existe riesgo de fuga. Tampoco lograron demostrar a quién pertenece el predio La Hermosura, terreno de 5.000 hectáreas que el INRA dice que es tierra fiscal y Vaca que pertenece a una cooperativa agraria que tiene 23 miembros.
Por ello, la jueza consideró que Vaca causó daños al medio ambiente, le abrió causa penal, le dictó arresto domiciliario y una fianza de $us 50.000.
Luego del fallo, cinco colonos de las comunidades de Tierra Nueva y San Martín de Porres (que están dentro de la propiedad en litigio), se confesaron inconformes. Evelín Romay se pregunta quién vigilará el cumplimiento del arresto domiciliario en el campo, si no hay ninguna autoridad a kilómetros a la redonda. El dirigente Segundino Lupe anunció que convocará un ampliado para analizar la resolución y no descarta medidas de presión. Aseguró que cuando la Utarc detuvo a Vaca había gente armada con él, pero la Policía no ha reportado ningún incidente.
Por el contrario, sus dos acompañantes (dos adolescentes de 18 años) fueron maniatados y dejados a un costado de la carretera por los efectivos, mientras se llevaban al detenido rumbo a Santa Cruz.
Consultado por qué el Estado no dio los nombres de los policías que participaron en el operativo, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, considera que se actuó con respeto a los derechos humanos y que hizo lo que debía: “En cuanto se comprobó los excesos, ordené que la Utarc sea disuelta”, dijo. Sin embargo, eso no garantiza que se sancione a los infractores.
Con prontuario criminal
El capitán Wálter Andrade Sanjinés, según datos de la misma Policía, tiene un largo historial delictivo. Primero pretendió enrolarse a las Fuerzas Armadas e ingresó al Liceo Militar, pero se vio involucrado en la muerte de un cadete y fue dado de baja.
Después ingresó a la Policía con el grado de subteniente, pero al tiempo fue encarcelado durante dos años por haber matado a su mujer, también policía.
Andrade, apodado por sus camaradas como Loco, Rambo y Chuño, consiguió su libertad y fue reincorporado a la Policía. Fue asignado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y, después de enero de 2006, fue premiado con cursos de especialización en Venezuela.
Desde que regresó, estuvo al frente de la Utarc en ‘operativos’ como el de la masacre de la Calancha, la retoma de Pando en septiembre pasado, la muerte de Eduardo Rózsa en el hotel Las Américas y en un allanamiento contra una estancia en Camiri.
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