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11.9.09

Secuelas de tristeza y exilio

EN LOS MUNICIPIOS RURALES DONDE SE DESARROLLÓ LA VIOLENCIA EN LOS TRÁGICOS DÍAS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO, EL OLVIDO Y EL SILENCIO IMPERAN SOBRE LO OCURRIDO. LOS REFUGIADOS EN BRASIL, LA MAYORÍA DEL SECTOR CÍVICO, ALEGAN QUE NO PUEDEN RETORNAR A SU PAÍS POR LA “PERSECUCIÓN POLÍTICA” EN SU CONTRA; UN 70 POR CIENTO HA VISTO DESINTEGRARSE A SUS FAMILIAS POR EL EXILIO

El temor por la inseguridad y el conflicto de hace un año, según refugiados en Brasil tras la “masacre”, ha provocado que la situación económica esté en la cuerda floja tanto en Pando como en la ciudad brasileña de Brasileia

Aquí en Filadelfia nadie se acuerda de mi hijo. Nadie se acuerda de nada de lo que pasó hace un año”, se lamenta Wálter Mejía, de 42 años, quien perdió a su hijo Wilson Richard ese fatídico 11 de septiembre.

El joven de 20 años no logró esquivar la bala que le atravesó el corazón y el pulmón y le hizo caer fulminado en su intento vano de llegar a las aguas del río Tahuamanu para salvarse. Es uno de los al menos 13 que perecieron en los días de la “masacre de Porvenir”, entre campesinos y cívicos.

Los decesos no son nombrados en ese poblado, a 40 kilómetros de la capital de Pando, Cobija. Tampoco se habla de las decenas de heridos por armas de fuego, ni se discute si hay desaparecidos entre sus habitantes.

En Filadelfia, apenas Olga (46), madre de Wilson, se anima a hablar, mientras pule con insistencia su tumba en el cementerio. Al ver la libreta militar de su hijo, un sollozo quiebra su fortaleza.

Su esposo, Wálter, dice con serenidad que ninguno de los compañeros de lucha de su hijo lo rememora. Y Olga siente bronca: “Para eso tanta lucha, mire dónde ha terminado mi Wilson”.

Tampoco en el municipio de Porvenir se recuerda el fatal resultado de los enfrentamientos. En este lugar, a 30 kilómetros de Cobija, se desataron las más encarnizadas luchas entre quienes querían hacer respetar su derecho a la tierra y aquellos que enarbolaban la bandera de la autonomía.

Cuando este medio estuvo en esa localidad, sólo dos jóvenes, de 21 años y 27, aceptaron comentar sobre la violencia de hace 365 días, medio dubitativos y medio desconfiados.

Describen la balacera en la jornada del 11, cuando campesinos se dirigieron al Tahuamanu, y restan responsabilidad en los cívicos de la capital. El más mayor dice: “En el enfrentamiento los de Cobija disparaban al aire, no a los campesinos” y buscaban sólo evitar que éstos llegaran al río.

Y el más joven añade: “Y no es que los marchistas (que apoyan al oficialismo) querían huir y esconderse en el Tahuamanu, sólo querían ir a la vera del frente”. Y ambos critican la inoperancia de los militares llegados el 12 de septiembre tras dictarse estado de sitio, para garantizar la seguridad.

Los informes de distintas entidades sobre lo ocurrido no concuerdan con las cifras de muertes, heridos y desaparecidos. La defensa de campesinos y normalistas, la abogada Mary Carrasco, cita 13 indígenas fallecidos.

Pero no cuenta los decesos del trabajador de la Prefectura Pedro Oshiro, la del pastor Luis Antonio Rivero y del conscripto Ramiro Tañini Alvarado. Mientras la Fiscalía maneja el guarismo de 13 decesos en ambos bandos.

Las otras víctimas

La asesora del Comité Cívico pandino Carmen Eva Gonzales advierte de que hay otras víctimas “muertas en vida”: los refugiados que hace un año no pisan Bolivia por temor a ser aprehendidos por los hechos violentos, quienes han hecho de Brasil su residencia.

Una caminata de un minuto para cruzar un puente desde Cobija a la ciudad brasileña de Brasileia es lo que separa a alrededor de 150 bolivianos de su terruño. Desde esa urbe limítrofe tienen a Bolivia al frente de sus ojos cada día, aunque les es inalcanzable.

Permanecen allí desde el 18 de septiembre del año pasado, muchos con el beneficio del “refugio”, quienes se denominan exiliados. No dan su identidad, su condición legal de estar cobijados en otro país lo impide. Pero bajo el anonimato se animan a contar sobre cómo sobrellevan las dificultades fuera de su país.

La mayoría son ex cívicos pandinos que participaron en el zafarrancho. La Prensa dialogó con tres de estas personas que sentencian que hay una “persecución política” contra aquellos que apostaron y lucharon por la autonomía departamental.

Uno de ellos comenta: “El Gobierno brasileño fue solidario con nosotros, no sólo por el refugio, igual nos proporcionó estipendios alimenticios por tres meses, pero eso se paró no por falta de solidaridad, sino porque la situación de refugio no lo incluye”.

El abogado defensor de los acusados por la “masacre”, Aurelio Valenzuela, explica cuál es la situación de estos albergados. “Es complicado, por su calidad de refugiados no pueden cruzar la frontera. El Ministerio Público tendrá que hacer un trámite ante la Cancillería para que se presenten a declarar sin ser aprehendidos”.

Otra de las personas consultadas informa que son 118 los refugiados de manera legal, pero aclara que la cifra total de exiliados alcanza al menos a 150 pandinos, pues algunos prefirieron no regresar a Cobija por el temor de sufrir algún tipo de agravio.

El abandono del territorio nacional provocó que muchos resultaran afectados por otro problema: la desintegración familiar. Valenzuela explica: “Por lo menos 70 por ciento de los que están en Brasileia tuvo que separarse de su hogar. Son menos las familias que se mantuvieron unidas pese a la precariedad y el alejamiento del entorno cotidiano”.

“Tras los hechos de septiembre, Pando y Brasileia fueron afectados económicamente, ya que no hay el mismo ingreso monetario. Hasta el flujo turístico se redujo”, arguye uno de los refugiados en suelo brasileño. El temor por la inseguridad y el conflicto han calado hondo en la región.

Un muchacho de 20 años que también adquirió la condición de “exiliado” rinde fe de ello. “Estaba en una empresa que el año pasado tenía diez funcionarios, hoy tiene dos”. Su discurso es encendido y expresa con contundencia su repudio al Gobierno de Evo Morales. A pesar de todo, recalca que continuará en la lucha por la autonomía sea desde Brasil o cuando retorne a su patria.

Su primo de 18 años huyó con él hace un año. Dejaron a sus seres queridos porque dieron por sentado que corrían peligro debido a que apoyaban abiertamente al Comité Cívico y sus planteamientos descentralizadores. Aparenta menos edad, pero habla con plena madurez. “Todavía se siente el miedo (al Gobierno) en la gente”.

Las exigencias económicas son su principal preocupación y muchas veces son costeadas por sus allegados que residen en Bolivia. Uno de estos refugiados, por ejemplo, vive en una casa por la que cancela 300 reales al mes (unos 1.050 bolivianos), dinero proporcionado por sus familiares.

Los exiliados muestran otras urgencias. “Necesitamos medicinas que hay en Cobija y no las podemos conseguir”, reclama uno de ellos, mientras extiende una receta para tres refugiados con problemas de salud. “Pero lo que más daño hace es ver el hogar tan cerca, pero tan lejos”.

Cobija, ciudad que vivió en vilo y que continúa militarizada

De acuerdo con testimonios recabados por este medio, desde las seis de la mañana del 11 de septiembre de 2008, la capital pandina de Cobija fue inundada por efectivos militares, lo que marcó el preludio de que se venía un enfrentamiento entre las huestes autonomistas y los campesinos que habían organizado un ampliado en la localidad de Porvenir. Horas más tarde, las noticias luctuosas no pararían de llegar desde el área rural.

Félix Tito es un chofer paceño que reside en Cobija hace diez años y tras un año de la masacre, más que emocionado, por fin respira tranquilo. “Al manejar ese día (el 11), la gente insultaba desde sus coches, si se daban cuenta de que era colla incluso agredían mi carro. Tenía que dejar de trabajar a las 19.00 y no podía siquiera tratar de ganar un pasajero en las paradas porque empezaban a ofender”. Otro citadino, Milton Uzquieta, que tiene una tienda en la capital, lamenta el momento en que la tregua llegó a Cobija a costa del declive de su negocio. “Antes se podía ver filas de brasileños que venían los fines de semana a comprar. Ahora no llegan productos y no quieren venir por la situación conflictiva en Pando”.

Hoy, Cobija todavía tiene resguardo militar y un uniformado es el actual prefecto, el contraalmirante Rafael Bandeira, quien está involucrado en el supuesto caso de contrabando de mercadería en 33 camiones en la región pandina, algo que ha salpicado a importantes autoridades del Gobierno de Evo Morales, como el ministro Juan Ramón Quintana.

El listado de los 13 fallecidos

El Ministerio Público está a cargo de las investigaciones de lo sucedido entre el 11 y 13 de septiembre de 2008 en Pando. Los informes preliminares señalan que hubo 13 personas fallecidas, entre campesinos, estudiantes normalistas, civiles y cívicos, de los que hay la constancia de sus cadáveres. Esta cifra es la manejada como oficial por el documento elaborado por la comisión multipartidaria que fue delegada para las averiguaciones por el Poder Legislativo. Sin embargo, no hay un número coincidente en otros informes sobre el caso, ni siquiera hay un guarismo oficial en cuanto a los heridos y los desaparecidos.

1. Pedro Oshiro Maniguari (cívico de 28 años). Diagnóstico de la muerte: traumatismo cráneo facial por proyectil de arma de fuego.

2. Celedonio Bazualdo García (53). Diagnóstico: shock hipovolémico, traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego.

3. Jhonny Cari Sarzuri (25). Diagnóstico: shock hipovolémico, traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego.

4. Wilson Castillo Quispe (Alfredo Cruz Quispe) (19). Diagnóstico: traumatismo cráneo facial (presuntamente por proyectil de arma de fuego).

5. Alfonso Cruz Quispe (20). Diagnóstico: asfixia mecánica.

6. Arnoldo Gonzales Inuma (55). Diagnóstico: trauma torácico.

7. Wilson Richard Mejía Mahita (19). Diagnóstico: traumatismo cráneo encefálico.

8. Bernardino Racua Cordero (53). Diagnóstico: shock cardiogénico, herida torácica por proyectil de arma de fuego.

9. Díter Tupa Matty (27). Diagnóstico: traumatismo cráneo facial abierto por proyectil de arma de fuego.

10. Alfredo Robles Céspedes (53). Diagnóstico: trauma torácico por proyectil de arma de fuego.

11. Félix Roca Tórrez (44). Diagnóstico: trauma cráneo torácico y politraumatismos.

12. Ramiro Tiñini Alvarado (soldado del Ejército de 20 años). Diagnóstico: trauma torácico por proyectil de arma de fuego. Falleció en la retoma del aeropuerto Aníbal Arab.

13. Luis A. Rivero Siguekuni (pastor evangélico de 54 años). Diagnóstico: trauma abdominal por proyectil de arma de fuego. También falleció en el aeropuerto pandino.

Wálter Mejía, padre de Wilson

“Wilson sabía que iba a haber enfrentamiento y él fue porque sus compañeros (los campesinos) le dijeron que si no apoyaba la marcha, podía perder nuestra tierra y quedaría sin trabajo. La noche que se fue, su teléfono no dejaba de sonar, no dejaban de llamarlo para que fuera con el grupo. Yo le encaré que no tenía motivo para ir a pelear por terrenos, si él no tenía hijos, familia ni ninguna obligación, que la tierra que teníamos, nosotros sus padres, era para él y sus hermanos. Su madre y yo para eso trabajamos (…) y mire cómo terminó Wilson”.

Roxana Hurtado, representante OTB

“Nunca apoyaría a Leopoldo porque incluso antes que pisara la Prefectura nos abusaba. Cuando era autoridad perjudicó muchísimo a mi barrio, nunca aprobó proyectos que la comunidad necesitaba, como escuelas o alcantarillado. Él sabía que era representante de la OTB y que no estaba alineada con él, hacía lo mismo siempre con sus opositores. Además, todos los proyectos que planteaba terminaban como salarios para sus contratados, ya sean conocidos o gente que le cuidaba las espaldas o el voto, que presionaban a la población”.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-09-09/noticias.php?nota=11_09_09_socd7.php

 

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