La Fiscalía cumple plazos procesales, no se mueve por coyunturas electorales. Existen pruebas suficientes para un juicio.
El Ministerio Público presentará en octubre la acusación formal contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, en el marco de los procedimientos que contabilizan seis meses a partir de la última imputación, informó ayer el fiscal Eduardo Morales, quien investiga los hechos de la masacre de Pando.
Morales informó que las investigaciones se encuentran en la etapa preparatoria y de ordenamiento de pruebas necesarias para presentar la acusación contra el ex prefecto.
“Estamos seleccionando las pruebas para redactar el documento conclusivo, que no solamente se trata de un escrito, sino de precisión de pruebas; en todo caso, requiere bastante tiempo”, señaló.
La autoridad explicó que las pruebas que la Fiscalía tiene son de tipo literal, material, pericial y de otra naturaleza, que serán valoradas por el Tribunal de Sentencia.
Por su parte, Rolando Villena, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), recordó que el 28 de abril varias entidades activistas de los derechos humanos presentaron una querella contra 112 personas, que deben ser consideradas en la acusación formal.
“Nosotros hemos entrado en una fase de ampliación de los implicados. En este requerimiento tenemos personas identificadas como testigos, ellas tendrán que comparecer en el proceso mismo del juicio oral”, señaló el activista.
La Corte Superior de Justicia rechazó la posibilidad de que el ex prefecto sea sometido a un juicio de responsabilidades y dejó el caso a la justicia ordinaria. Este fallo provocó que el abogado Karlo Brito, de la defensa de Fernández, demande una investigación contra el fiscal general del Estado, Mario Uribe.
Esta demanda, para la abogada de las víctimas, Mary Carrasco, no prosperará porque la estrategia carece de una proposición acusatoria, que pudo ser presentada por cualquier ciudadano ante el Fiscal General, pero no se dio.
“En materia de un juicio de responsabilidades, no existe una acción de oficio del Fiscal General; en materia de delitos ordinarios sí puede actuar de oficio, pero en juicio de privilegios no”, precisó.
A su turno, Villena expresó que el caso de Leopoldo Fernández vaya por la justicia ordinaria es de vital importancia.
Las víctimas, los querellantes y el Ministerio Público acusan a la defensa de Fernández de haber ejercido “chicanas jurídicas” para entorpecer y retrasar el proceso. Sin embrago, pese a la adversidad, señalan, hay avances significativos para una acusación ampliamente sustentada.
Las autoridades negaron que la celeridad en el proceso tenga motivos electorales, como lo sostuvo la defensa de Fernández.
“No tengo por qué politizar el tema, soy fiscal, representante del Estado, y tenemos plazos para poder presentar la acusación y dentro de ese plazo lo vamos a hacer”, señaló Eduardo Morales.
Continuarán notificaciones con querella
Rolando Villena, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), declaró que la próxima semana se concluirá con la tarea de notificar, con la querella interpuesta por entidades de derechos humanos, al resto de personas que tuvieron que ver con la matanza en Pando en septiembre de 2008.
La semana pasada, el Ministerio Público y la Policía estuvieron en las localidades de Porvenir y Cobija, del departamento de Pando, notificando a una parte de las 112 personas que fueron identificadas por las víctimas.
“Van a haber más notificaciones, solamente hemos comunicado a unos 25 de las 112 personas. Suponemos que la siguiente semana nuevamente la comisión de fiscales e investigadores viajará a notificar”, explicó Villena.
La querella es por delitos de asesinato, alzamiento armado, desorden y perturbaciones públicas, amenazas, coacción, privación de libertad, vejaciones y torturas, además de violaciones a los derechos humanos, entre otros.
El Ministerio Público denunció que en Pando aún los campesinos viven amedrentados y amenazados por varias autoridades regionales.
Villena calificó este hecho como una “persecución psicológica” y demandó al Ministerio Público y a las fuerzas del orden intervenir para crear un clima de garantías suficiente que impida que las víctimas de los hechos violentos continúen amedrentados.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-09-18&idn=7659