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22.9.09

Los indígenas exigen empleos a Yacimientos

El pueblo Weenhayek, de la región del Chaco, exigió $us 11 millones a la empresa petrolera BG Bolivia. Finalmente, el acuerdo fue por $us 2 millones. Fobomade dice que las demandas no son sobredimensionadas como sostiene YPFB.

Los pueblos indígenas demandan a las empresas petroleras que operan en sus territorios compensaciones millonarias y empleo para sus habitantes. Para el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), que trabaja con los originarios, estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calificó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.

El capitán grande del pueblo Weenhayek, Moisés Sapiranda, reveló a La Razón que solicitaron a la empresa británica British Gas (BG Bolivia) $us 11 millones. Sin embargo, tras una negociación, finalmente llegaron a acordar una compensación de $us 2 millones, con pagos anuales de $us 100 mil durante 22 años.

BG Bolivia trabaja en los campos La Vertiente, Palo Marcado, Escondido, Los Suris, Taiguati, Ibibobo, entre otros.

La autoridad indígena dijo que también se exigió empleo, punto en el que aún no se llegó a un acuerdo debido a que la demanda era de 150 empleos y la petrolera sólo ofrece 65 puestos de trabajo. Aclaró que la propuesta aglutina a 20 comunidades del pueblo Weenhayek, que viven en la región del Chaco tarijeño.

“Aquí, por más de 100 años, nunca hemos visto (recursos de compensación). Pero gracias a Dios, con el cambio de las leyes que hay en el país, ahora hay una consulta de participación (...). No consideramos que nuestros pedidos sean sobredimensionados, en absoluto, no es así, están conforme y de acuerdo a los impactos (de la explotación petrolera)”, subrayó el líder indígena.

Villegas acusó a los pueblos indígenas y a organizaciones campesinas de obstaculizar la inversión comprometida por las empresas petroleras que suscribieron contratos de operación con Yacimientos, y que debían invertir este año $us 600 millones. Dijo que no se opone a sus exigencias, sino a lo “sobredimensionado de sus demandas”.

“En muchos casos esa demanda y compensación excede con creces a la disponibilidad de la empresa; inclusive no guarda proporción con lo que piden versus las inversiones que realizan (las empresas)”, señaló.

Martín Gutiérrez, miembro del equipo legal del Fobomade, consideró que las demandas son justas y que las petroleras tienen una deuda histórica con las poblaciones y comunidades donde desarrollan sus labores. Afirmó que las empresas y el Gobierno han violado las normas y la Constitución Política del Estado que establecen la consulta social.

Recordó que el problema con los indígenas no sólo se da en la región del Chaco, sino también en la Amazonia, donde la empresa YPFB-Petroandina realiza trabajos de exploración, sin cumplir las normas y sin respetar la propiedad privada ni áreas protegidas.

“Lo que nosotros observamos es que al determinar áreas (de exploración) no se ha informado debidamente a la población que iba a ser afectada. Es decir, se ha incumplido la Constitución, la Ley de Hidrocarburos y los reglamentos. En la ley se señala que previamente a definir nuevas áreas se debe realizar un estudio ambiental estratégico, y eso tampoco se ha hecho”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, censuró lo dicho por Villegas y le criticó por no haberse reunido con las etnias del oriente para coordinar las labores petroleras que se pretende realizar. “Nosotros nunca hemos dicho que no haya tal trabajo, lo que se quiere es coordinar´, señaló.

El Gobierno ya trabaja en una norma

El Ejecutivo, a través de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, elabora una norma que evitará la obstaculización de las inversiones en las áreas petroleras y que será socializada en cuanto sea concluida, informaron fuentes del sector.

En principio, esta disposición legal busca diálogos masivos con las comunidades y no sólo con sus líderes, para explicarles los beneficios y llegar a consensos, explicó uno de los informantes del sector.

La Razón trató de confirmar esta información con la Unidad de Medio Ambiente del ministerio. Sin embargo, su director evadió una entrevista argumentando estar ocupado.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, ya anunció que el ministerio trabaja en una norma para que, en el futuro, no haya obstáculos para la inversión”. Dijo que el Gobierno no se opone a los derechos de los pueblos indígenas, sino a sus excesivas demandas, que deben darse en el marco de cierta ecuanimidad.

http://www.la-razon.com/versiones/20090922_006858/nota_248_882772.htm

 

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