A un año de la masacre de Porvenir
El departamento de Pando es un territorio de gran importancia económica y geopolítica. Su ciudad capital Cobija junto a Trinidad, capital del departamento de Beni, constituyen los asentamientos urbanos bolivianos más importantes de la Amazonía, una vasta región del trópico húmedo sudamericano considerada la reserva genética más importante de la humanidad.
El control de la tierra determinó la estructura económica, política y cultural de Pando, un territorio megadiverso en flora, fauna, bosques de castaña, palmares, mara, roble, cedro, palo maría, entre muchos otros recursos naturales.
La explotación de materias primas demandadas por el mercado mundial (quinina y oro en la colonia; caucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y castaña y madera en la actualidad) fue la base de la acumulación de capital de la elite local, estrechamente relacionada con la oligarquía brasilera.
Terratenientes, burócratas y jueces organizados en clanes familiares se apropiaron del poder regional, restringieron los sistemas de organización de sectores sociales subalternos y explotaron a cientos de familias y comunidades campesinas e indígenas en condición de servidumbre por deudas, una lacra análoga a la esclavitud.
Durante la dictadura de Hugo Banzer en la década de 1970, la elite pandina concentró más poder económico, recibió gratuitamente enormes extensiones de tierras fiscales y bosques, y consolidó su dominio absoluto de la institucionalidad administrativa y política de tipo feudal.
No más de 10 clanes familiares coparon los cargos de la administración pública (corte electoral, universidad, comité cívico, prefectura, municipios, jefaturas militares), diputaciones y concejalías; el comercio, la producción, las finanzas y los medios de comunicación.
En el gobierno constitucional de Banzer (1997-2001), prosperaron con generosos contratos públicos y estuvieron a punto de adueñarse de más de tres millones de hectáreas de tierra unos cuantos senadores, diputados, ministros barraqueros de ADN y otros caciques como Leopoldo Fernández, ex empleado de los dictadores Luis García Meza (1980-1981), Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982), parlamentario, prefecto y ministro de gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).
Recuperar la soberanía territorial en el norte amazónico
La oligarquía pandina comenzó a desarrollar una identidad distinta a la bolivianidad a partir de la descentralización administrativa a mediados de los años 90 del siglo XX.
Motivados principalmente por intereses particulares, los grupos de poder regional priorizaron sus negocios con compañías transnacionales e inversionistas del agronegocio, y las alianzas económicas y políticas con sus pares "amazónicos" de Brasil y Perú, relegando a segundo plano la integración de la región con el resto del país.
Familias influyentes y grupos de poder de Pando tramitaron fraudulentamente predios agrarios con la complicidad de ex funcionarios del INRA y alentaron un creciente tráfico de tierras mediante contratos de venta y arrendamiento anticonstitucionales.
Los terratenientes pandinos alquilaron sus predios y concesiones forestales principalmente a ciudadanos brasileros y crearon empresas madereras clandestinas con capital proveniente del narcotráfico.
En noviembre de 2004, el secretario general de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando Winston Galvez exigió al gobierno que anule los trámites ilegales de terratenientes y sobre todo que controle el "creciente tráfico de tierras a favor de extranjeros".
En julio de 2005, súbitos brasileños que trabajaban para el ex prefecto Leopoldo Fernández, procesados penalmente por tala ilegal de madera en la comunidad Trinchera, fueron condenados a tres años de reclusión por daños y perjuicios ocasionados al Estado.
En 2006, un individuo conocido como "El Parana" fue acusado de promover asentamientos extranjeros en un área de 20 mil hectáreas, donde se habría construido una escuela brasilera atendida por profesores brasileros.
Ese mismo año el ex funcionario del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) Luis Lema Pereira alquiló el predio Arizona en el municipio Bellaflor, incluido un aserradero y un bosque, al brasilero José Milton Soder (alias "Zicao"), un conocido traficante de madera.
Luego de las elecciones de la Asamblea Constituyente en 2006, el jefe de la Unidad de Tierra y Territorio de la Prefectura de Pando Gary Von Boek admitió que muchos extranjeros indocumentados vivían en Pando y anunció que el gobierno departamental había decidido realizar un censo.
La Prefectura de Pando solicitó a la Cancillería una reunión con su similar de Perú para conformar una comisión Binacional encargada de reposicionar algunos hitos desde Puerto Heath hasta Bolpebra.
En 2008, una comisión multipartidaria del Congreso constató que el contrabando de madera, castaña y gasolina campeaban en Pando. "Cobija es tierra de nadie, ocho o 10 familias han logrado institucionalizar una estructura que responde a sus intereses", denunció el senador del MAS Ricardo Díaz.
Díaz exigió a la Superintendencia Forestal que anule las concesiones forestales otorgadas a súbditos brasileños y que inicie de inmediato una auditoría ambiental a todas las concesiones para detener la deforestación y la tala indiscriminada.
"Se deben establecer responsabilidades de quiénes han permitido que el departamento de Pando, además de Beni y Santa Cruz, en la frontera con Brasil, se estén convirtiendo en zonas desérticas de la noche a la mañana, enriqueciendo a pocas familias extranjeras", demandó el legislador.
El superintendente Forestal José Martínez estimó que el negocio de la madera mueve más de 124 millones de bolivianos cada año, sin dejar beneficios a las comunidades indígenas y causando una deforestación alarmante.
¿Autonomistas o separatistas?
La autonomía departamental se convirtió en la principal demanda regional luego de que Evo Morales llegó a la presidencia en enero de 2006.
Habiendo perdido el control del Estado central y viendo amenazados sus intereses, los caciques pandinos se refugiaron en la agrupación Podemos liderada por Jorge Quiroga, el heredero político del ex dictador Banzer, y sellaron una alianza de clases con la burguesía agroindustrial de Santa Cruz y Beni.
La Cámara Forestal Amazónica, la Federación de Autotransporte de Pando, la Federación de Empresarios Privados de Pando, el Comité Cívico y otras instituciones que representan a terratenientes y a la burguesía comenzaron a actuar en bloque en mayo de 2006, exigiendo al gobierno que no promueva nuevos asentamientos humanos sin consultar antes a barraqueros y a concesionarios forestales.
En noviembre de 2006, madereros de la empresa Caramanu asentados ilegalmente en tierras fiscales interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra del saneamiento de tierras; y poco después contrataron a sicarios para amedrentar a brigadas del INRA, pasando de la resistencia legal a la violencia organizada.
En enero de 2007, el gobierno creó mediante Decreto Supremo 28998 la Unidad de Desarrollo Integral Amazónico, encargada de diseñar planes de industrialización de recursos naturales, fiscalizar tierras y recuperar la soberanía territorial en el norte amazónico.
Para defender sus tierras de la invasión "colla" y del "maldito estado centralista", a mediados de 2008 los patrones pandinos constituyeron un gobierno autónomo de facto con competencias legislativas, reglamentarias y ejecutivas para dotar tierras y verificar el cumplimiento de la Función Económica y Social.
El 2 de agosto de 2008, el gobierno declaró a Pando como el primer departamento saneado de Bolivia con una superficie total de 6.3 millones de hectáreas, y regularizó y perfeccionó el derecho propietario de 2,6 millones de hectáreas.
El gobierno identificó a 1.500 extranjeros asentados dentro de los 50 kilómetros de la franja fronteriza departamental, dedicados principalmente a la explotación irracional de recursos forestales y a otras actividades ilícitas como el tráfico de droga, armas, vehículos y a la trata de blancas.
El Viceministerio de Tierras y el INRA advirtieron que todo asentamiento u ocupación de hecho en tierras fiscales posterior a la promulgación de la Ley INRA (1996) es ilegal y pasible al desalojo con la fuerza pública.
La Superintendencia Forestal y las Fuerzas Armadas establecieron 10 puestos de vigilancia y control en la frontera y lograron paralizar el cuartoneo de madera en las comunidades Soberanía, Uncía, Holanda, Limón, San Miguelito y otras. Se decomisaron 47.471 pies de madera aserrada de las especies cedro y roble, marfil, almendrillo, miso y almendrillo, valuados en 265.454 bolivianos.
La oligarquía y sus huestes reaccionaron con extrema violencia. Empuñaron las armas, asaltaron y saquearon instituciones estatales (Aduana, INRA, Superintendencia Forestal, Migración y la Administradora Boliviana de Caminos), flagelaron a sus enemigos políticos e intentaron fracturar la unidad territorial de Bolivia en nombre de la "independencia" del departamento "autónomo" de Pando.
Entre el 9 y el 11 de septiembre más de 70 instituciones públicas fueron destruidas en Pando, Santa Cruz, Beni y Tarija por hordas de la oposición autonomista. La subversión terrateniente llegó al climax con una masacre de campesinos.
En la madrugada del jueves 11 de septiembre de 2008, empleados de la Prefectura de Pando, dirigentes cívicos y sicarios brasileros contratados por el ex prefecto Leopoldo Fernández cavaron zanjas con maquinaria del Servicio Prefectural de Caminos cerca de la población de Porvenir, para detener por la fuerza a un grupo de campesinos y estudiantes que se dirigía a la ciudad de Cobija.
Las bandas armadas emboscaron a los marchistas en la localidad de Tres Barracas, hirieron a más de 50, tomaron varios rehenes, los torturaron y asesinaron a por lo menos 13 personas, entre ellas Bernardino Racua, secretario Ejecutivo de la Subcentral Campesina de Conquista en el municipio de Puerto Rico, defensor de la tierra y los recursos naturales y biznieto de Bruno Racua, el flechero takana que defendió la soberanía nacional en la Batalla de Bahía el 11 de octubre de 1902.
Comandaron la masacre Luis Alberto Rojas, ex empleado de la unidad de Recursos Naturales de la Prefectura y procesado por tráfico de madera; el dueño de tierras y diputado suplente de Podemos Fermín Terrazas, y el funcionario de la Prefectura y ex constituyente de Podemos Abel Janco, entre otros. Acusaron al prefecto Leopoldo Fernández de ser el autor intelectual de la matanza.
Varias instituciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos del país y del extranjero condenaron el "genocidio y el racismo" en Pando y se solidarizaron con el gobierno democrático de Evo Morales. El 15 de septiembre de 2008, los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) reprocharon la subversión golpista y advirtieron que no reconocerán a ningún régimen político anticonstitucional.
La oposición sediciosa terminó aislada internacionalmente y derrotada políticamente. El ex prefecto Leopoldo Fernández fue detenido y encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz, acusado de organizar la masacre de Porvenir, calificada por una comisión de Unasur como un "crimen de lesa humanidad" y una violación "flagrante del derecho a la vida y a la integridad de las personas extremadamente grave".
Unasur evidenció que funcionarios del gobierno departamental de Pando agredieron a los campesinos de forma organizada, respondiendo a una cadena de mando y haciendo uso de los bienes de la Prefectura.
La masacre de campesinos constituye una "grave violación de derechos humanos" y "habría sido cometida por personal de la Prefectura de Pando, funcionarios del Sedcam (Servicio de Caminos), miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura", concluyó un informe presentado por el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia Denis Racicot en marzo de 2009.
A un año de a masacre de Pando
Los familiares de tres estudiantes normalistas asesinados en Porvenir iniciaron una acción penal contra los presuntos responsables de la masacre, y la acusación se fue fortaleciendo con las denuncias de 10, 30 y hasta 50 personas afectadas por este "hecho criminal que pasó a la luz del día", dice la abogada de las víctimas Mary Carrasco.
Los estudiantes normalistas no murieron en combate; les dispararon cuando huían de sus agresores. Los campesinos no eran enemigos o amigos del ex prefecto Fernández que perdieron la vida en un ajuste de cuentas; los asesinaron en una emboscada planificada, enfatiza Carrasco.
Sin embargo, desde que se inició la acción penal no hubo más que trabas de orden administrativo y jurídico debido al poder político y económico de los imputados y al tráfico de influencias, desde los Ministros de la Corte Suprema de Justicia hasta el último funcionario del Poder Judicial.
Según Racicot, "hubo un ataque frontal con uso de armas letales de forma indiscriminada y unilateral". Por la naturaleza de los "múltiples asesinatos", los acusados deberían ser juzgados por la justicia ordinaria, recomendaron los investigadores de Unasur.
Pero los familiares de Fernández y algunos magistrados pretendieron que el ex Prefecto sea sometido a un "juicio de responsabilidades" ante la Corte Suprema, en su condición de máxima autoridad departamental.
En julio de 2009, los siete cuerpos de los obrados del proceso fueron hurtados por un secretario suplente junto al abogado Johnny Castelú, y trasladados a la localidad de Porvenir.
La jueza de Instrucción de Porvenir María Eugenia Romero dijo que las carpetas procesales fueron remitidas a su jurisdicción por instrucción de la jueza Séptima de Instrucción en lo Penal de La Paz Betty Yañíquez.
Sin embargo, la Corte de Justicia de La Paz y la jueza a cargo del proceso nunca autorizaron el traslado de obrados, y por tanto los expedientes fueron hurtados. "No sabemos si las fojas fueron mutiladas", denunció en aquella oportunidad la abogada Carrasco.
Los familiares de las víctimas de la masacre iniciaron 15 procesos por tráfico de influencias contra jueces, conjueces, administrativos y otros funcionarios judiciales que obstaculizan el proceso de investigación.
A un año de la masacre en Pando, sólo cuatro de más de 20 imputados están en la cárcel, entre ellos el ex prefecto Fernández, acusado por los delitos de terrorismo y asociación delictuosa y denominado el "carnicero del Porvenir".
El "carnicero" quiere ser Vicepresidente
Los dirigentes políticos y cívicos de la derecha, especialmente el senador pandino Roger Pinto (Podemos), afirman que Leopoldo Fernández es un "preso político" y el "símbolo de una región perseguida por pensar diferente".
Las cadenas mediáticas se parcializan abiertamente con Fernández y defienden sus derechos en una campaña articulada y sostenida. Los medios ya no se acuerdan de las víctimas de Porvenir, pero no se olvidan del cumpleaños de Leopoldo y le otorgan tribuna libre para que fustigue al gobierno "autoritario".
En su condición de "mártir" de la oposición conservadora, Fernández se lanzó como candidato a la Vicepresidencia por la alianza Plan Progreso para Bolivia y Convergencia Nacional (PPB-CN), junto a los prefectos revocados Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes.
El ex prefecto de Pando piensa que un candidato no puede ser perseguido penalmente; "sin embargo, su situación jurídica no cambia ni un milímetro", afirma la abogada Carrasco.
Según la jurista, a la persecución penal no le interesa la persona sino el hecho delictivo. Por esa razón, "para nosotros Leopoldo Fernández Ferreira no es ni ex prefecto ni candidato, es un imputado por delitos de terrorismo, asociación delictuosa y lesiones graves".
Fuente: Somos Tierra N. 9, INRA-Viceministerio de Tierras.
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009091009&PHPSESSID=509a9e70fc9ca8698d9ace349e76f653