Fernández ejerció la presidencia de la Zona Franca cuando era prefecto de Pando. También está implicado Róger Pinto.
Desde marzo de 2006 hasta enero de 2008, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández avaló una transferencia ilegal de fondos a la Universidad Amazónica de Pando, que causó un daño económico calculado en más de 11,8 millones de bolivianos a la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija.
Fernández, como prefecto de Pando, ejercía también la presidencia de Zofra Cobija, y desde ahí permitía que la transferencia ilegal de recursos continúe.
El caso corresponde a una denuncia formal presentada el 2 de septiembre ante el Ministerio Público, basada en los datos proporcionados por el gerente de la Contraloría General del Estado en el departamento de Pando, Franklin Solano Vargas.
El documento menciona que el hecho ilícito comenzó el 31 de octubre de 2000 por la resolución 012/2000 del Directorio de Zofra Cobija, que autoriza la disposición del 0,5 por ciento del derecho de ingreso de la institución a favor de la Universidad Amazónica de Pando.
El 9 de marzo de ese mismo año, el ‘magnífico rector’ de la casa de estudios superiores, Ronald Camargo, pidió apoyo económico para el proceso de fortalecimiento institucional y la diversificación de la oferta curricular de la entidad académica.
La solicitud se basó en el conocimiento de que el reglamento de Zofra Cobija, aprobado el 10 de octubre de 2000, autoriza, por el artículo 14, el cobro del 1,5 por ciento del valor CIF Zofra Cobija de los productos que pasen por sus instalaciones como derecho de ingreso.
En ese sentido, la denuncia del caso menciona que el directorio de la entidad patrocinadora determinó: “Autorizar a la Dirección Ejecutiva que del 1,5 por ciento generados por el derecho de ingreso, según el artículo 14, se destine un aporte equivalente al 0,5% del valor CIF Zofra Cobija de las mercancías a favor de la Universidad Amazónica de Pando, monto que será abonado en forma directa sobre la cuenta número 1-637930 en el Banco Unión SA, diariamente”. Los recursos, supuestamente, tendrían como destino la implementación y diversificación de nuevas carreras en la entidad académica, por lo que la casa de estudios superiores debía remitir un informe periódico.
El acto ilegal se produjo porque los directivos de la Zofra Cobija no tenían la facultad para realizar modificaciones a sus recursos, particularmente en su derecho de ingresos, y lo hicieron basados en una incorrecta consideración del fomento del desarrollo social y económico de Pando.
En ese entendido, se determinó que los integrantes del directorio de la zona franca cobijeña dispusieron arbitraria e ilícitamente el 0,5 por ciento del derecho de ingreso de mercancía, fuera del marco establecido por su norma regulatoria y las normas vigentes, por lo que causaron un daño económico valorado en total en 11.877.142,81 bolivianos desde noviembre de 2000 hasta octubre de 2008.
Los responsables de la Zofra Cobija, según la denuncia, no respetaron lo establecido en el artículo 164 de la Carta Magna, que establece que la ley promulgada será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. El documento señala que quienes cometieron la ilegalidad deben ser sancionados por la comisión de los delitos como resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y conducta antieconómica.
En el caso de los prefectos y alcaldes que ejercieron funciones en el tiempo de aplicación de la irregular resolución, se menciona que ellos incurrieron en la figura penal de incumplimiento de deberes, puesto que ilegalmente omitieron, rehusaron hacer o retardaron un acto propio de su función al permitir que continúe vigente el amañado documento.
La determinación fuera de la ley fue suspendida recién el 10 de octubre de 2008 por la Dirección General Ejecutiva de Zofra Cobija, avalada por la resolución del nuevo directorio 002/09 del 6 de marzo de 2009.
Los responsables deben devolver recursos económicos
El contralor general del Estado, Gabriel Herbas, explicó que los involucrados en la transferencia ilegal de fondos de Zofra Cobija tendrán que devolver los recursos económicos, una vez que sean juzgados y condenados por ese hecho ilícito.
La autoridad estatal señaló que los acusados no respetaron el hecho de que los fondos recaudados por la entidad, a través de una serie de transacciones, deben ser empleados estrictamente en su labor institucional.
“Se tuvo varias gestiones prefecturales y sus autoridades no hicieron nada por impedir la entrega irregular de esos recursos, por lo tanto hubo un daño económico al Estado y esa suma tendrá que ser devuelta por los inculpados”, dijo.
Herbas explicó que las ex autoridades que fueron parte del directorio de Zofra Cobija durante la vigencia de la resolución 012/2000 malversaron fondos, puesto que emplearon dinero destinado para un objetivo específico a una causa diferente. “Los recursos estaban destinados para la Zofra Cobija y sólo podían ser transferidos por una ley expresa”, añadió.
En tal sentido, el Contralor manifestó que todos los elementos de prueba del ilícito fueron presentados a la Fiscalía para que los ex funcionarios de la Prefectura de Pando, representantes industriales y cívicos respondan por los actos y declaren en el juzgado respectivo.
La autoridad gubernamental expresó que es preciso que el Ministerio Público actúe ahora de manera rápida en la imputación porque el caso es grave, puesto que nadie puede transferir recursos económicos de una entidad nacional o regional con la vulneración de las normas establecidas.
El Contralor General recordó que esta transferencia ilegal de recursos de la Zofra Cobija forma parte de varios procesos de auditoría iniciados para investigar las irregularidades en la Prefectura y el Servicio Departamental de Caminos de Pando (Sedcam).
Asimismo, expresó su esperanza en que la justicia opere, en este caso, en el marco de lo legal.
Implicadas varias ex autoridades
La denuncia presentada por el caso ‘transferencia ilegal de recursos’ identifica como los responsables principales de los hechos ilícitos a Róger Pinto Molina, ex prefecto de Pando y presidente de Zofra Cobija; Miguel Becerra Suárez, ex alcalde de Cobija, y Nemesio Ramírez Villca, ex representante de industria y comercio del departamento amazónico.
Asimismo, menciona a Remberto Oni Villamar, ex delegado del Ministerio de Hacienda; y Fernando Castillo Valdez, ex subadministrador de la Aduana.
Todos ellos firmaron la resolución 012/2000, que permitió la irregular transferencia del 0,5 por ciento del derecho de ingreso de mercancías de productos a la Zofra Cobija a favor de la Universidad Amazónica de Pando. El documento determina, además, que la imputación incluya a los “otros servidores públicos” que ocuparon los mismos cargos por cada directorio que ejerció su gestión desde 2000 a octubre de 2008.
Por otro lado, solicita contemplar las disposiciones establecidas en el artículo 44 del Código Penal, que señala: “El que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, será sancionado con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta una cuarta parte”.
La acción penal solicitada incluiría también a Germán Benquique Ojopi, Richard Flores Roberts, José Ricardo Shimokawa, Erick von Boeck, Carlos Camacho, Napoleón Ferreira, José David Torrico, Leopoldo Fernández, Luis Adolfo Flores Roberts, Eugenio Fusi Lema y Ana Melena Suzuki, porque fueron parte del directorio de Zofra Cobija.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-09-04&idn=6933