El fiscal asignado al caso de terrorismo, Marcelo Soza Álvarez, imputó formalmente al representante de la empresa de juegos de azar CorHat Bolivia, Ronald Alberto Suárez Salvatierra, por el delito de terrorismo, tras constatar por informes de inteligencia el financiamiento que este empresario dio al líder del supuesto líder del grupo subversivo, el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores.
Soza establece, en la ampliación de la imputación y la aplicación de medidas cautelares contra Suárez Salvatierra presentada a la juez Séptimo de Instrucción en los Penal, Betty Yañiquez, que a través de los informes emitidos por el personal de la Dirección Nacional de Inteligencia se constató la existencia de personas que coadyuvaron a éste grupo irregular armado con el propósito de generar pánico y zozobra en el territorio nacional.
"No sólo en la conformación de éste, sino también en el financiamiento de este grupo, puesto que el ser un grupo destinado a realizar este tipo de actos terrorista, necesariamente necesitaba de un financiamiento. Por lo que conforme a los informes emitidos por el grupo de Inteligencia el ahora imputado Ronald Suárez Salvatierra se encontraba destinado a recaudar dineros a través de las casas de juegos, puesto que es representante de la empresa Corhat Bolivia S.A. empresa que tiene inserto dentro del país más de 36 casas de juegos", señala la imputación De acuerdo con el fiscal Sosa, esos dineros iban a parar a manos de Hugo Antonio Achá Melgar y Alejandro Melgar Pereira, quienes conforme las actuaciones de investigación cursantes en el cuaderno de indagaciones eran las personas que tenían pleno contacto con Eduardo Rózsa, a quien le entregaron fuertes sumas de dinero.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se constituye en el querellante en este caso, mediante el coordinador de Asuntos Jurídicos Dennis Rodas Limachi y el jefe de Gestión Pública, Boris Villegas Rocabado, desde el 15 de abril pasado cuando detonó un artefacto explosivo en la residencia del Cardenal Julio Terrazas, situado en el segundo anillo de la capital cruceña.
El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 133 del Código Penal que establece: "El que formare parte, actuare al servicio o colaborare con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, la vida, la integridad corporal, la libertad de locomoción o la propiedad con la finalidad de subvertir el orden constitucional o mantener en estado de zozobra, alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella será sancionado con presidio de quince a veinte años sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieron tales delitos".
PEDIDO DE DETENCIÓN: En ese marco, Soza solicitó a la jueza Betty Yañiquez la detención preventiva de Ronald Suárez Salvatierra por el riesgo de fuga, al considerar la facilidad que tiene para viajar al exterior y volver al país, por lo que no cumple con lo establecido en el artículo 234-2 del Código de Procedimiento Penal.
El representante del Ministerio Público considera que existe, también, el peligro a la obstaculización a la verdad, toda vez que el imputado mantuvo contactos directos con Alejandro Melgar y Hugo Achá, quienes están prófugos de la justicia, por lo que viola el artículo 235 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal.
ANTECEDENTES: El Ministerio Público investigó desde mayo pasado a las empresas de juegos CorHat Bolivia S.A., Antares S.A. y Best Play, tras encontrar indicios y pruebas que demostrarían que los representantes de estas entidades habrían financiado al grupo denominado "La Torre", a la Unión Juvenil Cruceñista y a los presuntos terroristas, liderados por el boliviano húngaro Eduardo Rózsa Flores.
De acuerdo con el proceso de investigación y reportes policiales, Ronald Suárez, Horacio D'ruda, Hugo Antonio Achá Melgar y Alejandro Melgar se reunían los días jueves en Mister Café para intercambiar información referente al proceso de desestabilización contra el gobierno.
Según la investigación, Suárez Salvatierra tenía una negociación prefectural en marcha para monopolizar el negocio del juego de azar y las máquinas tragamonedas, pues bajo esa promesa recaudaba dinero para aportar a las actividades de los grupos de choque de desestabilización contra el gobierno.
Las casas de juego de la empresa CorHat fueron observadas por la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) por funcionar con sub-licencias conferidas por esta misma empresa de manera irregular, por lo que el fiscal Edward Mollinedo determinó, el 20 de febrero pasado, ampliar la investigación contra la empresa de juegos CorHat Bolivia S.A. por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, contrabando, estafa, estelionato, corrupción de menores, sociedades ficticia, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y organización criminal.
El gobierno aseguró la existencia de células terrositas en Santa Cruz tras el operativo del 16 de abril pasado, cuando policías de elite mataron a Magyarosi Arpad (rumano), Michael Martín Dwyer (irlandés de 24 años) y al boliviano-húngaro, Eduardo Rózsa Flores (ex militar croata) en un violento operativo efectuado en el hotel Las Américas de la capital cruceña.
En tanto que Mario Francisco Tadic Astorga (51 años) y al húngaro Elod Toázo (28 años) fueron detenidos, trasladados a La Paz y recluidos en la cárcel de San Pedro, acusados del delito de terrorismo.
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