Las víctimas solicitarán que se considere la hipoteca de los bienes de los responsables de la matanza en Pando.
La abogada de las víctimas de la masacre de Pando, Mary Carrasco, denunció ayer que el ex prefecto Leopoldo Fernández transfirió sus bienes a terceras personas con la finalidad de evitar que sus pertenencias sean destinadas al resarcimiento de daños de los afectados.
“Tenemos conocimiento de que la familia de Leopoldo Fernández es la que tendría las cuentas y es algo extraño”, explicó Carrasco.
Según la abogada, un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) reveló que el ex prefecto no tiene cuentas bancarias en Bolivia.
Carrasco explicó que el daño civil se da luego de la sentencia ejecutoriada penal, pero la experiencia de varios casos enseña a precautelar el resarcimiento a las víctimas.
“Tenemos la experiencia que cuando ya están condenados no tienen nada en sus cuentas y ninguna casa es de ellos”, señaló.
En ese contexto, recordó que las víctimas, entre muertas y heridas, son 72, de las cuales cerca a 15 personas están muertas y el resto está herida, con un promedio de edad entre 30 a 35 años.
“Hay que considerar que son 64 personas las que vamos a llevar a juicio”, agregó.
Para la jurista, las personas enjuiciadas por la masacre suscitada en Pando el año pasado no pueden quedar impunes y una manera de hacer justicia es conseguir el resarcimiento del daño, en alguna medida. “Por esta razón, las víctimas solicitarán medidas específicas”.
“Estamos estableciendo cuáles son los bienes que tienen ellos y en el momento en que tengamos la certeza vamos a pedir al juez la aplicación del artículo 90 del Código Penal, que consiste en la hipoteca de los bienes de todos los responsables de las muertes y heridos”, expresó.
Para la abogada, Leopoldo Fernández ya no tiene ni un solo boliviano y ninguna cuenta en Bolivia; sin embargo, están haciendo el rastreo fuera del país.
La apoderada de las víctimas explicó también que cuenta con muchas pruebas para acusar a los responsables, tomando en cuenta que el Ministerio Público hizo su trabajo y hay las evidencias.
“Tenemos más de 120 testimonios y documentos de cómo desde la Prefectura se ordenó que un equipo pesado del Servicio de Caminos abra las zanjas. También contamos con los informes de la evidencia material, de las balas, las armas, los muertos, heridos, las pericias de los médicos forenses, historias clínicas de los hospitales donde han estado los heridos. Es decir, tenemos muchos elementos para poder afrontar un juicio”, explicó.
AVANCE DEL PROCESO
“Estamos en la etapa de conclusiones, luego viene la acusación, ese paso es el que debemos cumplir ahora, falta que los plazos se cumplan, conforme a procedimiento penal, seis meses después de la última acusación penal”.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Las víctimas de la masacre en Pando, con el fin de combatir la retardación de justicia y violación a sus derechos procesales, interpusieron demandas contra servidores públicos.
Mary Carrasco explicó que a la fecha existen 15 procesos contra funcionarios del Poder Judicial, de alto nivel y de bajo nivel, por delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo e incumplimiento de deberes.
“Vamos a seguir haciendo todas las denuncias, es nuestro único instrumento; las víctimas no tienen dinero, no tienen poder, pero tienen la verdad y eso es lo más importante”, manifestó Carrasco.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-09-12&idn=7360