LA CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL DE PANDO DECIDIÓ NO PRONUNCIARSE SOBRE EL TEMA AÚN
El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE), Antonio Costas, precisó ayer que existen garantías legales en el país para que cualquier ciudadano boliviano pueda instalarse en cualquier zona del territorio nacional, pero explicó que debe ser un juez ordinario el que determine si la "migración conducida" a Pando es legal en el marco del actual proceso de empadronamiento electoral.
Mientras tanto, la Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando anticipó que no se pronunciará sobre el traslado de campesinos de Chapare a territorio pandino si es que no hay una denuncia formal. A pesar de que el traslado de campesinos de Chapare a las poblaciones pandinas de Santa Rosa de Abuná y Manoa provocó críticas de parte de la oposición, el presidente de la Corte pandina, Jorge Valdez, aseguró que esa entidad no emitirá ningún pronunciamiento sobre el tema hasta que no haya una respuesta de los tribunales competentes.
Aclaró que el organismo electoral no habilitó centros de empadronamiento en los lugares donde están asentadas más de 700 personas recién llegadas.
En este marco, el Comité Cívico de Pando anunció que presentará una denuncia contra el Gobierno por este traslado y porque se estaría incurriendo en un delito de movilidad electoral.
"Si el juez establece algún defecto dentro de las normativa vigentes en el país y consecuentemente si existe alguna anomalía, se tramitará la denuncia respectiva en el ámbito correspondiente (...) En el ámbito concreto de esta migración conducida, es un juez quien va a determinar esta situación", afirmó el presidente de la CNE respecto al plan de asentamientos humanos que el Gobierno ejecuta en Pando.
En una anterior oportunidad, Costas precisó que para que una persona pueda registrarse tiene que tener un domicilio fijo, descartando la posibilidad de que se proceda al registro de campamentos temporales.
El pasado fin de semana, el Gobierno inició el traslado de ciudadanos a Pando y los ubicó provisionalmente en aserraderos y campamentos provisionales. De acuerdo con varios reportes oficiales comenzaron a instalarse al menos 700 personas.
Esta iniciativa del Gobierno fue duramente cuestionada por los opositores debido a que se entiende que la misma forma parte de una estrategia electoral que busca que el oficialismo gane en zonas donde perdió en anteriores comicios.
Ayer parlamentarios de la oposición anunciaron incluso la posibilidad de iniciar un juicio contra el Gobierno por el delito de “cohecho electoral”. “El cohecho electoral, a diferencia del cohecho del Código Penal, significa que un funcionario público ofrezca dádivas, dinero o algún tipo de beneficio para que una persona haga o deje de hacer algo relativo a sus deberes ciudadanos, por ejemplo votar; yo voy y ofrezco entregar alimentos del Estado, que me llegan de donación, para que la gente vote por un determinado candidato, eso constituye cohecho electoral”, explicó el senador de Podemos, Luis Vásquez.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Erwin Rojas, dijo que si bien en la normativa electoral no se tipifica como delito el traslado de gente en una etapa previa a un proceso electoral, la Corte Nacional puede iniciar una investigación, de oficio, sobre el traslado de campesinos en plena etapa de inscripción ciudadana y, si hay evidencias de fines electoralista, se puede suspender la inscripción de esos ciudadanos.
Pero además, la Corte Electoral puede pedir la intervención del Congreso Nacional y exigir al Poder Ejecutivo que aclare si ese programa de asentamiento ya tenía asignado un presupuesto, caso contrario el Gobierno puede enfrentar demandas por malversación de fondos.
Aserradero estaría en litigio
Cobija | El Deber
El lunes pasado, cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el viceministro de Tierra, Alejandro Almaraz, llegaron hasta Santa Rosa del Abuná para fundar el núcleo de colonización Bernardino Racua, aseguraron que el aserradero donde asentaron a los 500 colonizadores llegados desde Chapare era de brasileños y que depredaban el bosque boliviano. Sin embargo, la empresa Tropical Andes, asentada legalmente en Cobija, es dueña de ese aserradero y pertenece a empresarios paceños que pidieron mantener su nombre en reserva.
Admiten que el aserradero estaba asentado en tierra fiscal, pero con consentimiento de los comunitarios y que la madera acopiaba provenía de la concesión forestal de Augusto Gutiérrez.
El representante de ABT en Pando, Wilder Suárez, informó que esta organización inició dos procesos administrativos contra la empresa, por depredación de 4,7 hectáreas y por instalación ilegal del aserradero. También informó de que Tropical Andes presentó memoriales rechazando los procesos y documentación adicional que está siendo evaluada por la ABT. Almaraz prometió encarcelar a los ejecutivos de la empresa y revertir la concesión.
700 FAMILIAS
El director del Instituto de Nacional Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas aseguró que 700 familias serán asentadas en Pando hasta fin de año y no las 2.500 que anunció el Ejecutivo y reconoció que aún se deben realizar acciones habitacionales para que los colonos vayan a habitar esas tierras amazónicas.
“Estas áreas donde se están asentando tienen las condiciones elementales, tienen acceso de camino, tiene viviendas básicas. Pero está previsto la provisión de servicios básicos como el agua, con ellos tenemos que identificar las fuentes de agua”, dijo Rojas.
Según el Viceministerio de Tierras 500 campesinos del valle y de los andes ya se asentaron en tierras fiscales de la provincia Santa Rosa del Abuná de Pando, además de 200 zafreros oriundos de Riberalta, que se instalaron en una comunidad de Federico Román.