Colonización. Los comunitarios de El Ceibo aún no están en Abuná. El Gobierno abre la posibilidad de complacer a los zafreros de Riberalta, que piden 50.000 hectáreas. La oposición insiste en que es electoral
El Gobierno no podrá cumplir su objetivo de llevar a 3.000 campesinos a Pando hasta finales de septiembre. Así lo anunció el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, que explicó que los problemas de adaptación de los asentados y la disponibilidad para trasladarse a otro departamento de manera inmediata retrasa el proyecto del Poder Ejecutivo de fundar más de 60 comunidades campesinas en el departamento amazónico, con una inversión de $us 21 millones.
El sábado 8 de agosto, la Fuerza Aérea Bolivia y el Ejército trasladaron a unos 350 campesinos desde Chapare hasta Cobija, y dos días más tarde se fundó el núcleo Bernardino Racua, a 245 kilómetros de Cobija. De forma paralela, otras 150 personas fueron trasladadas desde Riberalta hasta Manoa, en la provincia Federico Román.
Sin embargo, estos últimos se volvieron a Riberalta, ya que en la zona encontraron a potosinos asentados y reclaman que el Gobierno les dote de 50.000 hectáreas en Pando. Almaraz se mostró receptivo con este pedido y aseguró que sobrará tierra para complacerlos.
Almaraz también se comprometió a solucionar el problema de la familia Ramírez, riberalteños que se encuentran pasando necesidades en la comunidad Villa Fátima de Pando y que reclaman que el Estado les proporcione tierra para trabajarla. Almaraz pidió que se dirijan al INRA de Pando para que se los ubique en algún asentamiento.
El viceministro de Tierras explicó que el próximo paso será trasladar a la provincia Abuná, cerca del asentamiento Bernardino Racua, a comunitarios de la Cooperativa El Ceibo, proyecto cacaotero asentado en Alto Beni (La Paz) y que es considerado como un ejemplo de producción orgánica en Bolivia y el mundo.
Esta cooperativa tiene 800 familias asociadas y otras 700 en proceso de filiación. Consultado por qué se le da tierra a un grupo que ya la posee, Almaraz explicó que la colonización de Alto Beni data de hace más de 40 años y que en esa oportunidad se les dotó de entre 15 y 20 hectáreas por familia, por lo que hay dos generaciones de colonos que se han quedado sin la suficiente tierra para cultivar y producir.
Alejandro Almaraz añadió que, además, es una oportunidad para introducir el cultivo del cacao a Pando, con un proyecto probado exitoso, que tiene mercado internacional y que puede ampliar su llegada nacional.
El presidente de dicha cooperativa, Francisco Reinaga, explicó a ABI que las personas que pueden ir a Pando son las que no tienen tierra porque en Alto Beni ya no hay capacidad de producción para todos. Añadió que los que irán serán los hijos de los productores.
Sin embargo, esta decisión destapó las críticas de la oposición en Pando. El presidente del Comité Cívico, Herberth Salvatierra, considera que dotar de tierras a campesinos que no son pobres y que poseen terrenos en otros lugares del país demuestra que el traslado de comunitarios a Pando es meramente político y está destinado a conseguir dos senadores en dicho departamento.
Por su parte, el senador Róger Pinto (Podemos) señaló que, pese a que ya no hay financiamiento estatal para los partidos políticos, el Gobierno se puede dar el lujo de gastar $us 21 millones, que salen de los impuestos de todos los bolivianos, con fines meramente electorales.
Pinto reclamó que las tierras fiscales de Pando vayan primero para los campesinos pandinos y luego para las más de 8.000 familias de zafreros de castaña que viven en Riberalta y no cuentan con tierras para trabajar, por lo que se ven obligadas a emplearse en barracas castañeras de empresarios privados del lugar.
Cívicos piden un apoyo que sea real
Los presidentes de los Comités Cívicos de todo el país se reunirán hoy en Trinidad para analizar, entre otros temas, los asentamientos humanos organizados por el Gobierno en Pando. Los únicos que hasta el momento han confirmado que no asistirán a la cita son los de Potosí, que consideran el encuentro como una reunión política.
Consultado sobre qué determinación llevarán a Trinidad, el cívico pandino Herberth Salvatierra explicó que éste no será el primer encuentro, sino que ya se han reunido en Cobija, El Sena (Pando) y Riberalta, donde siempre han recibido el apoyo de otros comités del país.
Sin embargo, Salvatierra reclamó que este apoyo sólo se ha quedado en palabras y que extrañan la presencia física de sus colegas en Pando.
“Nosotros aquí nos la batimos solos. Tendríamos que trabajar junto a nuestros parlamentarios, pero la verdad es que tenemos que sostenernos y buscar dinero para pagar a un asesor económico y una asesora jurídica. Ni siquiera puedo hablar con el presidente del Comité pro Santa Cruz. Espero que esta vez el apoyo no se quede en el aire”, se quejó.
Por otro lado, los residentes pandinos en Santa Cruz de la Sierra anunciaron que hoy iniciarán una vigilia en la catedral, desde las 21:00, luego de asistir a una misa. Informaron de que rechazan los planes de colonización del Gobierno y exigen no politizar el asunto.
La denuncia contra Evo no prospera
La demanda interpuesta por el Comité Cívico de Pando contra el Gobierno de Evo Morales por el traslado de campesinos a su departamento está paralizada. “El fiscal de Distrito, que es masista y fue enviado por el Gobierno, la ha detenido. Mañana (por hoy) presentaremos un amparo ante la Corte Superior de Distrito, porque este señor está vulnerando nuestros derechos”, dijo Herberth Salvatierra.
El fiscal, Fador Dorado, ha exigido a Salvatierra que presente la personería jurídica del Comité Cívico de Pando y que respalde que él es el presidente de dicha organización.
El cívico asegura que ya han mostrado la personería jurídica de la institución, además de las actas de la reunión de directorio donde fue elegido como presidente, luego de que Ana Melena dejara el cargo para huir a Brasil, donde es refugiada política, tras la matanza del 11 de septiembre de 2008.
El viernes pasado, los cívicos presentaron una demanda denunciando traslado ilegal de electores dentro de los seis meses en los que lo prohíbe el código electoral, la invasión de propiedad privada del aserradero de Santa Rosa del Abuná -donde asentaron a los colonos- e intento de genocidio contra 350 personas, por las condiciones en las que fueron asentados.
http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-08-19/vernotanacional.php?id=090819000402