La idea surgió de Bolivia tras observar que este proyecto causará daños ambientales a la amazonia de Sudamérica.
Organizaciones que agrupan a indígenas de Centro y Sudamérica pidieron que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se convierta en un órgano fiscalizador de los megaproyectos que ejecuta en la amazonia la entidad denominada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Las organizaciones aseguran que la IIRSA tiene el objetivo de exterminar a los pueblos originarios de la amazonia a través de la construcción de obras como una hidroeléctrica binacional sobre el río Madera, lo que derivará en la apertura de carreteras que atraviesan selvas vírgenes.
En la reunión que se desarrolló en La Paz, del 25 al 27 agosto, participaron la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (CICA), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (Cidob), Coordinadora de Organizaciones Indígenas (CAOI) y otras entidades del continente.
La IIRSA es un proyecto de infraestructura distribuido en 12 ejes o corredores que cruzan América Latina de sur a norte y de este a oeste, que contendrán carreteras, rutas, hidrovías, ferrovías, autopistas, oleoductos y gasoductos, redes eléctricas, represas, usinas, puertos fluviales y marítimos, zonas francas, afirmó el líder de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Egberto Tabo.
Sin embargo, la IIRSA es un plan de integración continental impulsado por los EEUU, sus multinacionales y sus organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), ambos impulsores del ALCA.
El dirigente recordó que los megaproyectos fueron concebidos hace 20 años por gobiernos de la derecha con el fin de favorecer el saqueo y la comercialización de los recursos naturales de la selva amazónica.
“Hemos hablado con el presidente Evo Morales y con el ministro de Transporte, José Kinn, para decirles que no puede haber proyectos grandes sin control del Estado y participación social, sin medir los impactos ambientales y sobre todo la consulta a los pueblos indígenas tal cual manda el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, mencionó el dirigente boliviano.
“La delegación boliviana ha planteado que la IIRSA sea controlada por Unasur y pase a control de los Estados la discusión de los megaproyectos porque el directorio de los bancos que financian los proyectos no quieren aceptar un control”, dijo.
Piden a los gobiernos que forman parte de la IIRSA reformular sus objetivos por el bien de las comunidades indígenas y de la riqueza verde que hay en la selva amazónica, donde existen pueblos milenarios.
La denuncia será realizada en la cumbre de organismos internacionales en Copenhague, en la que participarán todos los gobiernos del mundo para abordar diversos temas, entre ellos el cambio climático y derechos de los pueblos indígenas.
Tribunal de Justicia Climática
Las organizaciones indígenas de la parte andina y amazónica de Sudamérica exigen la creación urgente de un Tribunal de Justicia Climática, por lo que a partir del 12 de octubre iniciarán una serie de protestas en contra de la contaminación ambiental.
“Se debe juzgar a los países que han dañado al planeta con sus actividades industriales y armamentistas”, dijo el representante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, quien estuvo en Bolivia junto a otros líderes originarios para elaborar una agenda común que será presentada en la cumbre de gobernantes de países del mundo en Copenhague.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-08-29&idn=6584