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26/07/2012 (ERBOL).- El gobierno del presidente Evo Morales, según
denuncias de dirigentes indígenas, usó el chantaje, una campaña
millonaria por los medios de comunicación y la división de las
organizaciones indígenas para imponer la “consulta post” en el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la
intangibilidad y la construcción del tramo dos del proyecto carretero
Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el medio de esa reserva
ecológica.
Ayer, el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino
Flores, reveló en la reunión de las 26 capitanías de esa organización
indígena que fue chantajeado por el Primer Mandatario del Estado para
que firme la convocatoria a la Gran Asamblea Nacional de los Pueblos
Indígenas (GANPI) en la que se destituiría a Adolfo Chávez de la
Presidencia de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y
se elegiría a Melva Hurtado en su lugar, a cambio Morales firmaría la
resolución de designación del guaraní David Zapata como Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Indígena, Originario Campesino
(FONDIOC).
La estrategia de dividir a los indígenas de tierras bajas del oriente
boliviano comenzó después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional
aprobara la Ley 222 que promueve la consulta a solicitud del CONISUR
(Consejo Indígena del Sur), aliado del gobierno.
Oromomo, lugar donde está previsto que se inicie la “consulta post”
al mediodía del domingo 29 de julio, fue la primera comunidad del TIPNIS
que visitó en marzo Morales llevando regalos y promesas de mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes. Tras esa visita se conformó una
dirección paralela en la Subcentral de Sécure a la cabeza de Carlos
Fabricano, quien fue elegido por un sector de comunidades de ese lado
del parque, desconociendo así a Emilio Noza como presidente de esa
organización.
Días después algo similar ocurrió en la Central de Pueblos Étnicos
del Beni (CPMB), cuyas bases desconocieron a Pedro Vare por transar con
el gobierno un acuerdo programático sin consultar a los pueblos a los
que representa y en su lugar eligieron a Nazaret Flores, quien rechaza
la consulta post y está a favor de que la carretera no pase por la mitad
del TIPNIS.
A estos dos casos se suma lo ocurrido en la Central de Pueblos
Indígenas de La Paz (CPILAP) y la Central de Pueblos Nativos Guarayos
(COPNAG), en ambas sus dirigentes fueron desconocidos por sus bases
debido a que firmaron acuerdos con el gobierno para no participar de la
IX marcha.
La campaña mediática del gobierno se incrementó a partir de marzo de
este año, misma que sirvió para desacreditar a los dirigentes indígenas
que lideraron las dos últimas marchas en defensa del TIPNIS y para
mostrar los supuestos beneficios que iba a representar a las comunidades
la carretera por en medio de la reserva ecológica.
Hubo también publicaciones, como el folleto “Atrapados en el
Paraíso”, que afirma que en el TIPNIS hay sólo un bachiller, que los
niños mueren con picaduras de serpientes y que los indígenas viven en la
pobreza a falta de una carretera.
A esto se suma los regalos que llevó Morales y sus ministros a varias
comunidades del TIPNIS, como motores fuera de borda, generadores de
electricidad, material escolar, material deportivo, carnetización,
antenas parabólicas, entre otros.
Esta práctica fue cuestionada el 5 de julio por el director de
Consulta Previa del Ministerio colombiano del Interior, Rafael Torres,
quien fue traído por el gobierno boliviano para que intercambie
experiencias junto a un funcionario peruano.
En esa oportunidad, Torres dijo a Erbol que en su país no se permite
que haya donaciones directas a las comunidades ni antes ni después de la
consulta “porque eso interfiere en el consentimiento, interfiere en la
libre disertación del tema”.
Las veces que periodistas preguntaron a las autoridades
gubernamentales sobre el dinero que se gastó hasta ahora en la campaña,
visitas, sobrevuelos, propaganda, regalos y otros, siempre eludieron
hablar del tema o bien no tenían disponible esa información.
A estos gastos, se suma la inversión directa en la consulta misma,
que costará más de 10 millones de bolivianos, dinero proveniente del
Tesoro General de la Nación (TGN) y será administrado de manera directa
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad responsable del proceso
que comienza el próximo domingo en la comunidad de Oromomo.
También hubo sobrevuelos del presidente Evo Morales junto a
periodistas para tratar de convencer que la única alternativa para el
tramo dos de la cuestionada carretera Villa Tunari – San Ignacio de
Moxos era partiendo el Isiboro Sécure en dos, porque a su juicio la
alternativa de cambiar la ruta por un lado del parque era inviable
debido a la existencia de muchos ríos.
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