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| Foto La Patria |
03/07/2012(La Paz).- Les presentamos la carta de respuesta de la IX
Marcha Indígena Originaria al Presidente Evo Morales y sus Ministros, a
la nota enviada como respuesta de la V convocatoria de diálogo emitida
por la XI Marcha Indígena.
Calle Ayacucho esq. Potosí, Nuestra Señora de La Paz, 29 de junio de 2012
Señor:
Evo Morales Aima
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-
Ref.- Respuesta a Nota MPR. DESP – Nº 0256/2012 de la fecha
Tenga un gran saludo de parte de la Columna de esta Histórica IX Marcha Indígena Originaria “Por
la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los
Recursos Naturales, la biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas
Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la democracia”, deseándole éxito en las funciones que desempeña.
Hemos recibido la nota de referencia en la que su Ministro
de la Presidencia nos niega nuevamente la posibilidad de entablar un
diálogo con el Gobierno para la atención de nuestra plataforma de
demandas, violando nuestros derechos fundamentales a la libre
determinación, autonomía, autogobierno, así como el deber que el Estado
tiene de respetar nuestra integridad socio cultural y respeto de
nuestras instituciones sociales y políticas a las que tenemos derecho
como pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, el Convenio Nº
169 de la OIT (Ley Nº 1257/91) y la Declaración sobre los derechos de
los pueblos indígenas de las Naciones Unidas (Ley Nº 3760/07).
Habrá podido notar Ud. que la decisión de no permitirnos
entrar en la Plaza Murillo, espacio público y patrimonio cultural de
todos los bolivianos, bajo el argumento de que la “ensuciaríamos” y
“maltrataríamos”, como si fuésemos animales, es el típico argumento con
el cual, durante la Colonia en los siglos XIV y XIX, se nos impedía
ingresar a estos lugares, precisamente porque no era “bien visto” que
los indios se mezclen con la gente blanca. Así en nuestras regiones, los
“cambas”, “paicos”, “guarayos” etc. estábamos impedidos de transitar
por las aceras cuando los blancos caminaban por ellas, de las cuales
debíamos descender de éstas cuando los patrones caminaban por ellas, así
como se nos estaba prohibido rodear o ingresar en las plazas, lugar
reservado a los españoles y criollos pertenecientes a las “familias
tradicionales”. Usted muchas veces ha citado estos oprobiosos casos de
racismo, es por ello que tenemos hoy la Ley Nº 045/10, Ley Contra el
Racismo y todo Forma de Discriminación Racial, la cual está en vigencia
pero, por lo que se ve, sus Ministros todavía no la conocen y la
transgreden con descaro y soberbia, puesto que su actitud colonial y
racista, no ha cambiado pese a la vigencia de dicha norma.
Queremos contestar la nota de su Ministro de la Presidencia
quien, frente al temor de sentarse a debatir abiertamente con nosotros
los temas de la Plataforma, responde con interpretaciones erradas sobre
la aplicación y vigencia de nuestros derechos. Como teme al debate cara a
cara, no nos queda más que escribirle y esperar que a su llegada,
siendo Ud. un dirigente social como nosotros, podamos con nuestras
palabras y por nuestros propios medios, explicar los alcances de los
puntos construidos durante nuestra sacrificada caminata.
En primer lugar es necesario hacer una precisión sobre el
derecho a la consulta previa, libre e informada, prevista en la
Constitución y la normativa internacional, y nuestra demanda relacionada
al TIPNIS. Nunca hemos desconocido la consulta como una conquista y un
derecho fundamental nuestro, o mejor dicho, un vehículo jurídico para la
realización y el respeto de derechos fundamentales como el de la vida,
la integridad sociocultural, el territorio, el medio ambiente, etc. Es
necesario que su Ministro sepa que la consulta es un proceso el cual
tiene características, condiciones y límites. Cuando éstos se violentan,
ya el nombre “consulta previa” no es suficiente para sostener una
figura jurídica desvirtuada, como sucede con la inconsulta ley Nº 222
aprobada por Uds.
Pero antes de ello, debemos decirle al Ministro que la Ley
Nº 222 nunca se nos la consultó, violando con ello la primer obligación
que tiene el Estado para con nosotros, los pueblos indígenas del TIPNIS,
establecido precisamente en las mismas normas que él cita, porque
tenemos derecho “A ser consultados mediante procedimientos apropiados … cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.” (Art. 30 par. II num. 15). También la normativa internacional establece que es deber del Estado a) consultar a los pueblos interesados, … cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente.” (Art.
6 num. 1 inc. a). Más allá aún va el artículo 19 de la Declaración
sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU la cual establece
que “…Los Estados celebrarán consultas con los pueblos interesados … antes
de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los
afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
cualquier proyecto que afecte sus tierras y territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la
utilizacióno la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” Finalmente el Relator Especial sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas estableció que que “…los
Estados deben definir en la ley los procedimientos de consulta
requeridos para determinadas categorías de actividades, … que se
realizan en territorios indígenas o que los afectan. Dichos
procedimientos, previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos
especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta
con los pueblos indígenas.”
Como Ud. bien sabe, nada de esto se cumplió y a lo que nos resistimos
no es a nuestra conquista histórica, si no a que, con una figura que
tenga el mismo nombre, se nos pretenda violar los derechos que una
verdadera consulta en su momento debiera haber garantizado. Y no somos
tan ingenuos como para caer en la trampa de prestarnos al fraude que se
está pretendiendo montar en el TIPNIS, puesto que, como los mismos spots
publicitarios del Gobierno lo dicen, lo que se decidirá en ese proceso
es cómo será la “carretera ecológica” y no si la queremos o no.
Sobre los sujetos titulares de los derechos sobre el TIPNIS, nadie
niega que los pueblos indígenas sean los dueños del territorio, de
acuerdo a la normativa citada por el Ministro de la Presidencia. El
detalle es que esos pueblos, en uso de sus derechos a la libre
determinación, la autonomía, el autogobierno y el derecho a tener sus
propias organizaciones e instituciones, tienen a la Subcentral TIPNIS
como su representante legal, quien es depositaria de dicha titularidad a
nombre de dichos pueblos. Y los pueblos indígenas somos sujetos
colectivos integrales, en cuyo concepto comprende población, territorio,
cultura, tradiciones, sistema jurídico e instituciones. Separar
la organización de la población, diseccionando las personas de sus
instituciones representativas, significa desintegrar y desconocer el
dominio indivisible que el pueblo objeta sobre su territorio. La
posición asumida por el Ministro reproduce exactamente lo que hacían las
empresas transnacionales en la época neoliberal. Éstas, cuando las
organizaciones nos ponímamos duras en la defensa de nuestros derechos,
buscaban formas de llegar con prebendas y regalos a las comunidades,
corrompiendo a los dirigentes de base para que se pongan en nuestra
contra y así imponer sus decisiones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena ese tipo de accionar. Ésta señala precisamente que “…los
intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del
establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones
con miembros individuales de las comunidades … son contrarios a los
estándares internacionales.”
Nuestras organizaciones han sido reconocidas por el Estado como
titulares de los derechos al territorio y a muchos otros, puesto que los
pueblos ejercen sus derechos a través de ellas, y precisamente porque
son derechos colectivos y no individuales o la sumatoria de
individualidades, las organizaciones e instituciones representativas
tienen ese carácter: colectivo.
No discriminamos ni desconocemos a la Subcentral Sécure, cuya
dirigencia está en la Columna de la esta Histórica IX Marcha Indígena
Originaria, quien a su vez reconoce plenamente la titularidad de la
Subcentral TIPNIS como titular de los derechos del Territorio y al
Encuentro de Corregidores como la instancia tradicional máxima de
decisión. Pero la Subcentral CONISUR es una organización que aglutina
personas individuales (fundamentalmente colonos cocaleros y algunos
hermanos indígenas aculturados por los primeros) quienes son colindantes
de la TCO TIPNIS, en tanto habitan en parcelas tituladas
individualmente en el denominado “Polígono 7” del TIPNIS, zona que si
bien sigue siendo Área Protegida, ya no es TCO y ha sido excluida del
título, tal como consta en los planos que cursan en el INRA con cargo al
Título TCO-NAL 00029.
Nadie niega que puedan ser éstos últimos consultados, es más por la
relación que tienen con el bosque, la tierra y la política, no dudamos
en cómo será su posición, pero no pueden decidir a nombre de nosotros,
así como nosotros no podríamos decidir sobre los lugares donde ellos
habitan. Nadie les niega la titularidad de los derechos individuales a
ser indígenas. Pero en el caso de los colectivos, es decir aquellos que
se ejercen respecto de los elementos materiales, en este caso el
territorio, que poseen como parte de un grupo que comparte historia,
cultura e instituciones, solamente pueden ser ejercidos por quienes
mantienen esa condición: titulares como PUEBLO INDÍGENA de su territorio
en tanto habitan y viven en él. Quienes por propia voluntad han
decidido excluirse, es decir renunciar a vivir en comunidad, han perdido
al mismo tiempo la posibilidad de ejercer su derecho colectivo a
decidir sobre unas tierras las cuales ya, jurídicamente, no les
pertenecen.
Sobre nuestra Confederación CIDOB, es de dominio público
que el Ministro de la Presidencia, así como el de Gobierno en persona
están financiando la división de la organización, por lo tanto no nos
parece extraño que intenten capitalizar esa inversión económica
desconociendo nuestra representación y otorgándosela a los hermanos
quienes, lamentablemente, se han prestado a la vieja estrategia de la
corrupción, la cual creíamos erradicada de nuestras organizaciones.
La invitación a reunirnos con los “44 corregidores” (antes no eran
60?), nos parece fuera de lugar, puesto que es parte del proceso de
desintegración sociocultural que están realizando en nuestro territorio y
viola por tanto nuestros derechos establecidos en el Convenio Nº 169
OIT, cuyo artículo 2 establece que “1. Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” Esta acción debe incluir, dice el Convenio, medidas que “b) promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales… respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.” Si quiere su Ministro de la Presidencia reunirse con ellos, que lo haga, puesto que los ha traido.
Finalmente no podemos dejar pasar lo sucedido anoche en el coliseo de
la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El intento de secuestro,
privación de la libertad y el cohecho parece que es la nueva estrategia
de desembarazarse de nosotros. Fue penoso ver como vehículos oficiales
de la Agencia de Hidrocarburos, el Ministerio de Gobierno y funcionarios
del Ministerio de la Presidencia y de Gobierno, e incluso los propios
ministros en persona, se hicieron presentes para desalojar nuestros
hermanos del lugar. La reacción a tiempo de nuestros guardias logró
frustrar un operativo que tuvo la participación directa de quienes le
acompañan en la función pública. Como sucedía en la época de Sánchez
Berzaín, la Fiscalía estuvo al servicio del Gobierno, no atendiendo
nuestra denuncia y peor aún, era la porpia fiscal quien, cual operadora
del Ejecutivo, se hizo presente en el Coliseo para “llevarse” a los
compañeros.
Esperamos señor Presidente que cuando Ud esté visible,
componga el accionar de sus subordinados, puesto que por este camino nos
aleja del diálogo abierto y de cara al país que le hemos propuesto.
Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.
Por la IX Marcha Indígena Originaria
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