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3.7.12

La IX Marcha Indígena emite respuesta a la nota enviada por el Gobierno Nacional ante la V convocatoria de diálogo de la IX Marcha IndÍgena

Foto La Patria
Foto La Patria
03/07/2012(La Paz).- Les presentamos la carta de respuesta de la IX Marcha Indígena Originaria al Presidente Evo Morales y sus Ministros, a la nota enviada como respuesta de la V convocatoria de diálogo emitida por la XI Marcha Indígena.




Calle Ayacucho esq. Potosí, Nuestra Señora de La Paz, 29 de junio de 2012
Señor:
Evo Morales Aima
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-
Ref.- Respuesta a Nota MPR. DESP – Nº 0256/2012 de la fecha


            Tenga un gran saludo de parte de la Columna de esta Histórica IX Marcha Indígena Originaria “Por la defensa de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los Recursos Naturales, la biodiversidad, el Medio Ambiente, las Áreas Protegidas, el cumplimiento de la C.P.E y respeto de la democracia”, deseándole éxito en las funciones que desempeña.
            Hemos recibido la nota de referencia en la que su Ministro de la Presidencia nos niega nuevamente la posibilidad de entablar un diálogo con el Gobierno para la atención de nuestra plataforma de demandas, violando nuestros derechos fundamentales a la libre determinación, autonomía, autogobierno, así como el deber que el Estado tiene de respetar nuestra integridad socio cultural y respeto de nuestras instituciones sociales y políticas a las que tenemos derecho como pueblos indígenas reconocidos por la Constitución, el Convenio Nº 169 de la OIT (Ley Nº 1257/91) y la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas (Ley Nº 3760/07).
            Habrá podido notar Ud. que la decisión de no permitirnos entrar en la Plaza Murillo, espacio público y patrimonio cultural de todos los bolivianos, bajo el argumento de que la “ensuciaríamos” y “maltrataríamos”, como si fuésemos animales, es el típico argumento con el cual, durante la Colonia en los siglos XIV y XIX, se nos impedía ingresar a estos lugares, precisamente porque no era “bien visto” que los indios se mezclen con la gente blanca. Así en nuestras regiones, los “cambas”, “paicos”, “guarayos” etc. estábamos impedidos de transitar por las aceras cuando los blancos caminaban por ellas, de las cuales debíamos descender de éstas cuando los patrones caminaban por ellas, así como se nos estaba prohibido rodear o ingresar en las plazas, lugar reservado a los españoles y criollos pertenecientes a las “familias tradicionales”. Usted muchas veces ha citado estos oprobiosos casos de racismo, es por ello que tenemos hoy la Ley Nº 045/10, Ley Contra el Racismo y todo Forma de Discriminación Racial, la cual está en vigencia pero, por lo que se ve, sus Ministros todavía no la conocen y la transgreden con descaro y soberbia, puesto que su actitud colonial y racista, no ha cambiado pese a la vigencia de dicha norma.
            Queremos contestar la nota de su Ministro de la Presidencia quien, frente al temor de sentarse a debatir abiertamente con nosotros los temas de la Plataforma, responde con interpretaciones erradas sobre la aplicación y vigencia de nuestros derechos. Como teme al debate cara a cara, no nos queda más que escribirle y esperar que a su llegada, siendo Ud. un dirigente social como nosotros, podamos con nuestras palabras y por nuestros propios medios, explicar los alcances de los puntos construidos durante nuestra sacrificada caminata.
            En primer lugar es necesario hacer una precisión sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada, prevista en la Constitución y la normativa internacional, y nuestra demanda relacionada al TIPNIS. Nunca hemos desconocido la consulta como una conquista y un derecho fundamental nuestro, o mejor dicho, un vehículo jurídico para la realización y el respeto de derechos fundamentales como el de la vida, la integridad sociocultural, el territorio, el medio ambiente, etc. Es necesario que su Ministro sepa que la consulta es un proceso el cual tiene características, condiciones y límites. Cuando éstos se violentan, ya el nombre “consulta previa” no es suficiente para sostener una figura jurídica desvirtuada, como sucede con la inconsulta ley Nº 222 aprobada por Uds.
            Pero antes de ello, debemos decirle al Ministro que la Ley Nº 222 nunca se nos la consultó, violando con ello la primer obligación que tiene el Estado para con nosotros, los pueblos indígenas del TIPNIS, establecido precisamente en las mismas normas que él cita, porque tenemos derecho “A ser consultados mediante procedimientos apropiados … cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.” (Art. 30 par. II num. 15). También la normativa internacional establece que es deber del Estado a) consultar a los pueblos interesados, … cada vez que se prevean medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente.” (Art. 6 num. 1 inc. a). Más allá aún va el artículo 19 de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU la cual establece que “…Los Estados celebrarán consultas con los pueblos interesados … antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado”. cualquier proyecto que afecte sus tierras y territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilizacióno la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” Finalmente el Relator Especial sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas estableció que que “…los Estados deben definir en la ley los procedimientos de consulta requeridos para determinadas categorías de actividades, … que se realizan en territorios indígenas o que los afectan. Dichos procedimientos, previstos en leyes o reglamentos o en mecanismos especiales de consulta, deben por su parte ser elaborados en consulta con los pueblos indígenas.”
Como Ud. bien sabe, nada de esto se cumplió y a lo que nos resistimos no es a nuestra conquista histórica, si no a que, con una figura que tenga el mismo nombre, se nos pretenda violar los derechos que una verdadera consulta en su momento debiera haber garantizado. Y no somos tan ingenuos como para caer en la trampa de prestarnos al fraude que se está pretendiendo montar en el TIPNIS, puesto que, como los mismos spots publicitarios del Gobierno lo dicen, lo que se decidirá en ese proceso es cómo será la “carretera ecológica” y no si la queremos o no.
 Sobre los sujetos titulares de los derechos sobre el TIPNIS, nadie niega que los pueblos indígenas sean los dueños del territorio, de acuerdo a la normativa citada por el Ministro de la Presidencia. El detalle es que esos pueblos, en uso de sus derechos a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y el derecho a tener sus propias organizaciones e instituciones, tienen a la Subcentral TIPNIS como su representante legal, quien es depositaria de dicha titularidad a nombre de dichos pueblos. Y los pueblos indígenas somos sujetos colectivos integrales, en cuyo concepto comprende población, territorio, cultura, tradiciones, sistema jurídico e instituciones. Separar la organización de la población, diseccionando las personas de sus instituciones representativas, significa desintegrar y desconocer el dominio indivisible que el pueblo objeta sobre su territorio. La posición asumida por el Ministro reproduce exactamente lo que hacían las empresas transnacionales en la época neoliberal. Éstas, cuando las organizaciones nos ponímamos duras en la defensa de nuestros derechos, buscaban formas de llegar con prebendas y regalos a las comunidades, corrompiendo a los dirigentes de base para que se pongan en nuestra contra y así imponer sus decisiones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena ese tipo de accionar. Ésta señala precisamente que “…los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, sea a través de negociaciones con miembros individuales de las comunidades … son contrarios a los estándares internacionales.”
Nuestras organizaciones han sido reconocidas por el Estado como titulares de los derechos al territorio y a muchos otros, puesto que los pueblos ejercen sus derechos a través de ellas, y precisamente porque son derechos colectivos y no individuales o la sumatoria de individualidades, las organizaciones e instituciones representativas tienen ese carácter: colectivo.
No discriminamos ni desconocemos a la Subcentral Sécure, cuya dirigencia está en la Columna de la esta Histórica IX Marcha Indígena Originaria, quien a su vez reconoce plenamente la titularidad de la Subcentral TIPNIS como titular de los derechos del Territorio y al Encuentro de Corregidores como la instancia tradicional máxima de decisión. Pero la Subcentral CONISUR es una organización que aglutina personas individuales (fundamentalmente colonos cocaleros y algunos hermanos indígenas aculturados por los primeros) quienes son colindantes de la TCO TIPNIS, en tanto habitan en parcelas tituladas individualmente en el denominado “Polígono 7” del TIPNIS, zona que si bien sigue siendo Área Protegida, ya no es TCO y ha sido excluida del título, tal como consta en los planos que cursan en el INRA con cargo al Título TCO-NAL 00029.
Nadie niega que puedan ser éstos últimos consultados, es más por la relación que tienen con el bosque, la tierra y la política, no dudamos en cómo será su posición, pero no pueden decidir a nombre de nosotros, así como nosotros no podríamos decidir sobre los lugares donde ellos habitan. Nadie les niega la titularidad de los derechos individuales a ser indígenas. Pero en el caso de los colectivos, es decir aquellos que se ejercen respecto de los elementos materiales, en este caso el territorio, que poseen como parte de un grupo que comparte historia, cultura e instituciones, solamente pueden ser ejercidos por quienes mantienen esa condición: titulares como PUEBLO INDÍGENA de su territorio en tanto habitan y viven en él. Quienes por propia voluntad han decidido excluirse, es decir renunciar a vivir en comunidad, han perdido al mismo tiempo la posibilidad de ejercer su derecho colectivo a decidir sobre unas tierras las cuales ya, jurídicamente, no les pertenecen.        
 
            Sobre nuestra Confederación CIDOB, es de dominio público que el Ministro de la Presidencia, así como el de Gobierno en persona están financiando la división de la organización, por lo tanto no nos parece extraño que intenten capitalizar esa inversión económica desconociendo nuestra representación y otorgándosela a los hermanos quienes, lamentablemente, se han prestado a la vieja estrategia de la corrupción, la cual creíamos erradicada de nuestras organizaciones.
 
La invitación a reunirnos con los “44 corregidores” (antes no eran 60?), nos parece fuera de lugar, puesto que es parte del proceso de desintegración sociocultural que están realizando en nuestro territorio y viola por tanto nuestros derechos establecidos en el Convenio Nº 169 OIT, cuyo artículo 2 establece que “1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” Esta acción debe incluir, dice el Convenio, medidas que “b) promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales… respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones.” Si quiere su Ministro de la Presidencia reunirse con ellos, que lo haga, puesto que los ha traido.
Finalmente no podemos dejar pasar lo sucedido anoche en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El intento de secuestro, privación de la libertad y el cohecho parece que es la nueva estrategia de desembarazarse de nosotros. Fue penoso ver como vehículos oficiales de la Agencia de Hidrocarburos, el Ministerio de Gobierno y funcionarios del Ministerio de la Presidencia y de Gobierno, e incluso los propios ministros en persona, se hicieron presentes para desalojar nuestros hermanos del lugar. La reacción a tiempo de nuestros guardias logró frustrar un operativo que tuvo la participación directa de quienes le acompañan en la función pública. Como sucedía en la época de Sánchez Berzaín, la Fiscalía estuvo al servicio del Gobierno, no atendiendo nuestra denuncia y peor aún, era la porpia fiscal quien, cual operadora del Ejecutivo, se hizo presente en el Coliseo para “llevarse” a los compañeros.
            Esperamos señor Presidente que cuando Ud esté visible, componga el accionar de sus subordinados, puesto que por este camino nos aleja del diálogo abierto y de cara al país que le hemos propuesto.
Sin otro particular nos despedimos con las consideraciones más distinguidas.
Por la IX Marcha Indígena Originaria

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