La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) anunció ayer del tránsito de la Ley Forestal 1700, del 12 de julio de 1996, a un nuevo régimen adecuado a la nueva Constitución Política del Estado, el cual será consensuado con todos los actores sociales y productivos.
“Estamos en un período de transición emergente de la propia Constitución Política del Estado, que nos manda confeccionar un nuevo régimen forestal. Estamos en proceso de elaboración que debe surgir producto de acuerdos y consensos con absolutamente todos los sectores”, afirmó a Cambio el director de la ABT, Cliver Rocha.
Explicó que el nuevo régimen forestal establecido en la Constitución debe materializarse en una ley especial, que reconozca las concesiones y establezca su transición a nuevas formas de contratos. “Las concesiones van a desaparecer, pero los derechos forestales adquiridos van a seguir bajo otras formas de contratos que debemos establecer en la nueva Ley Forestal o de bosques”, acotó.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) afirmó que la política de la administración de los recursos forestales no ha variado en el país respecto a los anteriores gobiernos y que es necesario adecuarla a la nueva CPE.
Adalid Montaño, responsable del Programa Tierra y Territorio del Cejis, señaló que el régimen forestal está paralizado y sigue igual que antes. Lamentó que a la fecha no se hayan endurecido las sanciones contra quienes aplican prácticas depredadoras contra la naturaleza a través de quemas e incendios forestales, ni que se hayan modificado las concesiones otorgadas en el pasado.
Dijo que el Gobierno del presidente Evo Morales –en su primera gestión– tuvo la capacidad de proyectar un nuevo régimen agrario a través de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, que tuvo sus aciertos, pero que en la segunda administración esta política de tierra se tornó poco efectiva, mientras que en el ámbito forestal “el Ejecutivo no tuvo la capacidad de modificar ese modelo de producción neoliberal”.
Los zafreros y barraqueros del departamento de Beni, según Erbol, se declararon en emergencia debido a que se mantiene la propuesta de revertir las concesiones forestales no maderables. Afirmaron que la ABT pretende desconocer a los barraqueros que tienen la existencia de más de dos siglos.
“FISCALÍA NO CUMPLE”
Cliver Rocha informó que para sancionar penalmente a los responsables de los últimos incendios en el país, sobre todo en el oriente, amazonia y el chaco, la ABT se constituyó en parte querellante en contra de algunos propietarios de tierras, pero que la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz demostró poca voluntad.
“No tenemos apoyo del Ministerio Público, no siento una voluntad de colaboración de la fiscal Arminda Méndez, quien me ha indicado que se han emitido instructivos a los fiscales, pero presiento que eso es sólo un mero trámite”, dijo.
PARA DESTACAR
Ley Forestal. Debe ser adecuada a la nueva Constitución Política del Estado.
Consenso. Actores sociales y productivos, públicos y privados formarán parte de la elaboración de la nueva norma.
ABT. Pide sentar precedentes penales en contra de aquellos que provocaron incendios.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-09-03&idn=26941
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