La ONU investiga casos de tortura y tratos crueles en las cárceles del país

Una delegación del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes visitará los centros de reclusión de Bolivia y se reunirá con autoridades del gobierno del 30 de agosto al 8 de septiembre. La comisión oficial de la ONU investigará la muerte de un detenido en un recinto policial de El Alto y el caso de una reclusa peruana torturada en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz.
El SPT funciona desde febrero de 2007 en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, ratificado hasta el momento por 54 Estados. El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura el 22 de junio de 2006.
Integran el SPT 10 expertos independientes con derecho a visitar todos los lugares de detención de los Estados parte para examinar el trato que reciben los reclusos y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados.
Los Estados están obligados a crear Mecanismos Nacionales de Prevención (MNP) independientes para que vigilen el trato que reciben las personas detenidas y hagan recomendaciones a las autoridades gubernamentales para que refuercen medidas de protección contra la tortura, malos tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.
Las delegaciones del Subcomité visitan cuarteles policiales, prisiones, centros de detención preventiva, centros de internamiento de inmigrantes, centros de justicia de menores, etc., así como instituciones de salud mental, instituciones de atención social y cualquier otro lugar donde haya personas privadas de libertad.
Este año el SPT programó visitas a Líbano, Liberia y Bolivia y tiene prevista una visita de seguimiento a Paraguay. Antes los delegados visitaron Mauricio, Maldivas, Suecia, Benín, México, Paraguay, Honduras y Camboya.
El SPT trabajará en el país del 30 de agosto al 8 de septiembre y se reunirá con autoridades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El gobierno de Bolivia espera que la delegación del SPT ayude a evaluar las necesidades de los centros de detención, y presente recomendaciones sobre las medidas que considere apropiadas para fortalecer la protección de las personas privadas de libertad.
La comisión del SPT llegará a Bolivia dos meses después del deceso del presunto delincuente David Olorio, quien habría sido torturado en celdas policiales hasta perder la vida el 7 de julio. El gobierno suspendió de sus funciones al director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto (FELCC) Israel Vega y a otros seis efectivos policiales involucrados en el hecho.
La segunda autopsia del cadáver confirmó que Olorio murió por “asfixia mecánica”, es decir por estrangulamiento, tras recibir múltiples golpes en la cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores. El informe forense “no descarta la probabilidad de que algunas de las lesiones encontradas en el cadáver sean compatibles con quemaduras por electricidad”.
Posteriormente se conoció que una reclusa peruana fue torturada desde el 6 de junio de este año en la cárcel femenina de Obrajes. El caso motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo y la destitución de la gobernadora Basilia Meneses y del director de régimen Penitenciario de La Paz Eliquias Valeriano.
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