EN DEFENSA DEL CEJIS

Ha sorprendido y causado indignación las declaraciones públicas del Ministro de Autonomías quien haciendo gala de un perfil autoritario acusa al CEJIS de promover la marcha indígena y de estar vinculado a USAID, además de endosarle la autoría sobre el rompimiento del diálogo de los Pueblos Indígenas con el Gobierno Nacional.
En los últimos treinta años, de la cantidad importante de organizaciones no gubernamentales existentes en Bolivia, fueron pocas las que asumieron la causa noble de defender los derechos humanos, no sólo en el discurso, sino a través de acciones concretas, poniendo el pecho y con resultados palpables, eso fue precisamente el Centro de Estudios Jurídico Sociales, cuya meritoria labor contribuyó al fortalecimiento de la democracia y a la consolidación de derechos del pueblo boliviano.
El aporte a favor de los cambios institucionales, su intervención protagónica a finales de la década de los años 80 para el cierre de esa especia de campo de concentración denominado “Granja Espejos” en Santa Cruz, el posterior acompañamiento al proceso de discusión normativa agraria, la contribución a las acciones legales en aras de la recuperación de los territorios indígenas, el aporte profesional y militante a más de una veintena de procesos de saneamiento, con resultados exitosos y de beneficio pleno para los históricamente marginados de este país, entre otras acciones, constituyen testimonios emblemáticos de su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, gracias a su compromiso con los desposeídos, su solvencia moral y fundamentalmente su independencia respecto a los órganos de poder político.
Ese compromiso con la causa democrática le generó al CEJIS antipatías obvias de los sectores más poderosos y reaccionarios del país, que no dudaron en ejercer una permanente presión y amedrentamiento llegando al extremo de promover incluso acciones delictivas como el ataque a sus oficinas en Santa Cruz por parte de sicarios incrustados en la denominada “Unión Juvenil Cruceñista”, incendiando el inmueble y destruyendo toda su documentación e infraestructura, además del atentado a sus integrantes, agresiones e intentos de asesinato, hechos que quedaron en la impunidad.
Parece que el precio que las entidades defensoras de los derechos humanos deben pagar, resulta siempre caro, especialmente cuando sus acciones dan buenos resultados, lo cual sirve de incentivo para sopesar las injustas agresiones provenientes de los que vulneran derechos humanos, al final eso se lo asume como “gafes del oficio”. Pero lo que resulta absolutamente incomprensible son los ataques de personas que, habiendo formado parte de estas instituciones, nada menos como Director Ejecutivo, tal es el caso del ministro de marras, lancen semejante acusación, a sabiendas que no es evidente lo que públicamente se afirma. Vincular al CEJIS con USAID, resulta tan irónico, cuando en momentos de tanta controversia política entre la “Media Luna” y el Gobierno Nacional, se acusaba a dicha organización de ser una instancia paragubernamental, otra falsedad.
El Gobierno Nacional debe tener la madurez y sensatez necesarias para terminar de comprender que el Estado boliviano pudo consolidarse democráticamente gracias a la ponderable labor de organizaciones defensoras de los derechos humanos, éstas con mucho más mérito que los partidos políticos que sólo defienden lo suyo, interpelaron a las dictaduras militares en el pasado y también a los gobiernos civiles autoritarios, sin licencias ni privilegios para nadie. Por ello resulta injusta la permanente conminatoria de someterse al Gobierno o convertirse en su enemiga, como viene ocurriendo. Eso daña la democracia y ofende la dignidad humana que todos tenemos el deber de preservar.

de Waldo Albarracín Sánchez