VOTO RESOLUTIVO PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA

Las organizaciones de los pueblos indígenas guaraní, ayoreo, chiquitano y yuracaré-mojeño, representadas respectivamente por el Concejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH), la Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), la Organización Indígena Chiquitano (OICH) y el Concejo Indígena del Pueblo Yuracaré Mojeño (CIPYM), condenamos enérgicamente los atropellos, abusos, robo, incendio de la producción y desalojo violento que han sufrido tres comunidades campesinas afiliadas a nuestra organización hermana el Movimiento Sin Tierra de Santa Cruz y el MST Bolivia de sus espacios comunales ubicados al norte de la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
Las comunidades campesinas Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa, ubicadas al norte del municipio de San Ignacio de Velasco, en la región chiquitana del departamento de Santa Cruz, legalmente constituidas y con títulos sobre sus tierras, vienen sufriendo el acoso permanente de personas contratadas por latifundistas y “pirateros” de madera, quienes con el apoyo de autoridades locales, impunemente perturban el libre ejercicio del derecho a vivir, transitar y cultivar libremente en sus propias comunidades.
El 20 de abril de 2010 y después de varios incidentes y atropellos contra los comunarios, un grupo de personas armadas ingresaron violentamente a la comunidad de Tierra Hermosa desalojando por la fuerza las 85 familias de la comunidad. El despojo se produjo de manera premeditada por dos traficantes de tierras vivientes del pueblo de San Ignacio de Velasco. Actualmente la comunidad está siendo ocupada por los asaltantes quienes la tienen resguardada con personas armadas impidiendo el regreso de los comunarios quienes debieron huir a otras comunidades vecinas, perdiendo todas sus pertenencias y los productos para poderse alimentar.
Frente a estos actos, el domingo 25 de abril una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), a la cabeza de su director nacional, Juan Carlos Rojas y el entonces Viceministro de Tierras, Víctor Camacho, además de miembros de la directiva del Movimiento Sin Tierra de Bolivia, a cargo del dirigente Silvestre Saisari, se trasladaron al lugar para atender la denuncia realizada por el MST-B, pero fueron violentamente atacados por el grupo agresor, a quien se le unió otro grupo de personas de las comunidades vecinas. Producto de estos luctuosos hechos resultaron heridos el propio director nacional del INRA, y 5 hermanos del MST-B, quienes debieron escapar ante la turba enfurecida que casi los lincha.
El lunes 26 más de 80 personas fuertemente armadas promovidos y apoyados políticamente por el concejal electo del MNR (Frente Amplio), Américo Gemio y Guido Solís, a la vez latifundistas y conocidos “pirateros” de madera de la zona y el subprefecto de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, bajo amenazas de muerte y de forma violenta, expulsaron de sus casas a mujeres, jóvenes y niños de las comunidades de Chirimoyas y Tierra Firme, quienes quedaron durante más de dos días dispersos por el monte sin abrigo, alimentación ni cobijo. En el hecho se les sustrajo las pertenencias personales, enseres y sus casas fueron destruidos. La producción agrícola recientemente levantada por los hermanos, consistente mayormente en arroz, maíz y maní, indispensables para su sustento futuro, fue destruida y echada a perder. También se sabe que sustrajeron una motocicleta, un radio comunicador y tres GPS de la organización que son utilizados para la ejecución de un proyecto con la Unión Europea, la organización francesa Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras y la boliviana Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. Estas familias expulsadas de sus propias tierras tituladas legalmente, a duras penas llegaron a la comunidad campesina “Los Ángeles”, donde se resguardaron de los violentos quienes les amenazaron de otras acciones si es que intentaban volver a recuperar sus tierras.
En este momento se encuentran, 105 niños, 74 mujeres y 110 hombres en estado de total precariedad, desamparo y desprotección de cualquier ayuda oficial. Por otro lado 10 compañeros del MST se han declarado en huelga de hambre en el Palacio de Justicia de Santa Cruz sin que nadie se digne a prestar atención a sus reclamos.
Las comunidades Chirimoyas, Tierra Firme y Tierra Hermosa fueron tituladas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria en el año 2008 con títulos ejecutoriales firmados por el Presidente de la República y entregados a sus beneficiarios.
Se realizaron 7 denuncias y varias querellas ante el Ministerio Público y la Policía Nacional con asiento en el municipio de San Ignacio. Ninguna ha tenido resultado positivo y ni siquiera han sido detenidos los autores de los hechos. Es más, el Subprefecto de la provincia, quien es el responsable legal de la seguridad en esa zona, públicamente y en dos oportunidades ha declarado que ha participado materialmente en el despojo, prestando camiones para “cargar” a los comunarios para expulsarlos de sus propias casas. Pese a las intensas gestiones de nuestros dirigentes, tampoco conocemos de ninguna acción efectiva de parte del Gobierno Nacional, Ejército, Policía Nacional u otro organismo de seguridad que haya intervenido ante semejante situación.
Por todo lo expuesto y ante semejante atropello a la dignidad humana de nuestros hermanos, desprotegidos totalmente de la justicia y autoridad en esa zona:
1. Condenamos este acto de barbarie y violación flagrante de los derechos humanos más elementales de familias indefensas quienes tienen legalmente constituidos sus derechos.
2. Exigimos a la una inmediata y enérgica acción de las autoridades competentes para que restituya las mínimas condiciones de seguridad y ayuda humanitaria para los niños, mujeres y hombres desplazados por esta acción criminal.
3. Exigimos al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la restitución inmediata del libre goce, uso y disposición del derecho de propiedad agraria legalmente reconocido a las comunidades afectadas.
4. Exigimos a la Fiscalía del Distrito del Departamento de Santa Cruz y la Fiscalía General de la República el inmediato procesamiento de todos los responsables de estos hechos.
5. Pedimos a todos las organizaciones de DDHH de Bolivia y el mundo solidarizarse con esta lamentable situación.