El Defensor del Pueblo y asambleístas del MAS, Unidad Nacional y Convergencia rechazan la propuesta de incluir en la legislación boliviana la cadena perpetua para sancionar delitos de asesinato, tal como sugiere el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Para Rielma Mencias del Defensor del Pueblo, “no es posible aplicar este planteamiento”, ya que ambas justicias (la ordinaria y comunitaria) son distintas y no es viable la compatibilidad de las dos.
En tanto que el diputado del oficialismo, Adelio Paucara, considera que en Bolivia la sociedad no está preparada para la aplicación de esta medida. “No podemos darle la bienvenida o decir que es malo (el anteproyecto de Ley), porque depende de las circunstancias, pero si su sanción es necesaria se dará, sin embargo, la sociedad boliviana no está preparada en este caso, además esto no se da en el Código Penal”, dijo.
Según Rita Reyes, diputada de Unidad Nacional, la justicia no se puede dividir y debe ser para todos por igual. “Si es necesario la modificación del Código Penal se la debe hacer, pero debe ser una ley para todos”, recalcó.
Juan Luis Gantier (PPB) observó que la cadena perpetua no es parte de la justicia comunitaria y que no se da en las regiones de acuerdo con sus usos y costumbres.
A criterio de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Marianela Paco (MAS), los indígenas buscan una ley punitiva por el incremento de la delincuencia y asesinato contra hombres mujeres, en particular de niños.
“En Perú sabemos que se da esta sanción para los asesinos cometidos en ese país. Ellos (indígenas de Bolivia) también han asimilado algunos sistemas occidentales y los planteamientos hay que analizarlos en ese contexto. Pero sobre todo esperamos conocerlo (el anteproyecto de Ley), para analizarlo”, señaló.
Este jueves el CONAMAQ entregó a la Asamblea Plurinacional el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional. Es un documento que cuenta con 360 artículos y fue concluido en seis meses, con el consenso de los pueblos de tierras bajas y altas, según Carmelo Tirico.
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