Desde el pasado año, cuando empezaron a operar las reducciones de exportaciones de gas natural a mercados adyacentes a Bolivia, como Brasil y Argentina, ciertamente bajaron ingresos que perturbaron al volumen de IDH -impuesto directo de hidrocarburos- recaudados, ese resultado afectó las arcas regionales, particularmente.
Ya se han esbozado varias fórmulas de distribución -o redistribución- de esos recursos, incluyendo regalías y otros ingresos. Sin embargo ello va a responder, necesariamente, a la previa discusión, deliberación y posterior sanción y promulgación de la Ley de Hidrocarburos, ya que tanto prorrateo de regalías e IDH, y de otros ingresos, deben estar normadas en la ley para luego ser reglamentada por un decreto supremo del Poder Ejecutivo. La nueva distribución del IDH podría ser -entre otras fórmulas- de la siguiente forma: gobernaciones productoras 25%; gobernaciones no productoras 8%; municipios, 30%; Tesoro General de la Nación 7%; universidades 10%; Fuerzas Armadas y Policía 5%; Fondo Indígena 5% y Renta Dignidad 10%. Y en cada división una subdivisión particular, por ejemplo en el caso FFAA dividir ese 5% entre sus 3 fuerzas, ejército, fuerza aérea y fuerza naval.
Aún siguen en reuniones “de conciliación” entre el Ejecutivo y las gobernaciones por cuentas de regalías e IDH, entre otras, tan necesarias para la administración departamental en programación de inversiones especialmente de aquellas gobernaciones “productoras” de hidrocarburos.
La “llave” del avance de esos procesos conciliatorios la tiene YPFB, dado el informe técnico que debería elevar a consideración de las partes. Hay cuentas por “entender” y “conciliar” desde 2007. Sin embargo éste aspecto también deberá ser sujeto a una auditoría especial en donde las partes estén fuera del problema. Esa auditoría podría ser encomendada a un organismo independiente, por ejemplo alguna facultad de auditoría o economía de alguna universidad -preferentemente de algún país vecino- que técnicamente dictamine cuáles fueron los ingresos y egresos, el uso y el remanente de los fondos generados por hidrocarburos desde 2007 a la fecha y cómo se debiera encarar un nuevo “pacto fiscal” entre el Ejecutivo y las regiones productoras.
Para ello YPFB deberá aportar con datos precisos sobre producción real certificada en cada campo productor de hidrocarburos, volumen de hidrocarburos exportados desde cada campo y los precios de exportación y/o venta al mercado interno/externo, datos mínimos que podrían arrojar cifras que corresponde a cada gobernación productora por regalías e IDH, y cuánto se desembolsaron a la fecha y cuánto queda por deuda.
En todo caso volvemos al punto de origen: toda la distribución de ingresos por concepto de hidrocarburos (impuestos, IDH, regalías y otros) debe estar previamente normada en la Ley de Hidrocarburos. Y será de vital importancia que las gobernaciones cuenten con recursos para financiar infraestructura en sus territorios y -lo más importante- para ser “parte accionaria” de compañías compartidas tipo SAM entre capital privado, Poder Ejecutivo y gobernaciones en áreas como exploración, o comercialización de hidrocarburos, o en proyectos de industrialización de gas (“contraparte” a algunos emprendimientos privados que surgirían en downstream o en upstream).
Reiteramos: toda discusión sobre recursos del sector debe estar normada vía ley. Aquí la consideración final: no podemos tener una ley de hidrocarburos si es que no está sujetada y sustentada a una NPE una nueva política energética que señala la visión boliviana de largo plazo en utilización del gas, particularmente.
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/analisis-y-opinion/28912-zoom-energetikon-sobre-recursos-de-hidrocarburos-regalias-idh-y-su-redistribucion.html