Daniel Gigasi, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Moseten (OPIM) confirmó en la entrevista para el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socio-Ambientales que los mosetenes se unirán a la marcha que convocó la CIDOB, para abril, en demanda del respeto a los derechos de los pueblos indígenas. “Queremos presentar nuestra petición ante el gobierno, darle a conocer la situación del pueblo moseten y exigir la compensación que incluye todo el territorio de la TCO por los daños causados por las pruebas sísmicas. Si el Estado tiene el enfoque desarrollista entonces debería cumplir con sus compromisos en cuanto al desarrollo de la región” dijo el cacique mayor de esta organización indígena.
La empresa Petroandina se comprometió a entregar obras sociales a las 8 comunidades mosetenes afectadas por las actividades de exploración petrolera y hasta la fecha ha cumplido solamente con la ejecución de los proyectos de desarrollo en dos comunidades. La OPIM exige la indemnización y compensación por los daños causados en todo el territorio indígena, sin embargo la empresa solamente habla de afectaciones, lo que significa pagos a las comunidades directamente afectadas. “Para exigir la indemnización que incluye todo el territorio de la TCO la empresa nos obliga a presentar las pruebas, ello implica hacer el recorrido por todo el territorio para ver el tema de los daños ambientales y lamentablemente la organización no cuenta con los recursos necesarios para realizar este trabajo. Por otro lado, por el tema de la lluvia se complica el trabajo de seguimiento porque no se puede ver los terrenos.” La organización denuncia que como consecuencia de la exploración y detonación se ha destrozado las plantaciones de cacao, plátano y papaya en el territorio. De acuerdo a las experiencias de otros sectores afectados por el mismo tipo de actividades se está previendo la afectación en forma de sequía, como impacto ambiental a largo plazo.
Según Daniel Gigasi, actualmente la mayor parte del personal de la empresa se ha retirado del territorio y se quedaron solamente las personas responsables de la supervisión de las obras sociales. Sin embargo, no se observa mayores avances en el desarrollo de dichos proyectos. “En la comunidad San Pedro han acabado la posta pero también prometieron el apoyo financiero para el extendido de la luz y no han cumplido. En otra comunidad la empresa ha entregado un motor de luz que no funciona. En otro lugar tenían que construir una sede social en la plaza y falta mucho todavía para acabar”.
De acuerdo a la percepción de la OPIM, el Estado no ha cumplido con los requisitos de la consulta previa. Las autoridades encargadas de llevar a cabo el procedimiento han dividido a las comunidades y no llegaron a los acuerdos con la organización matriz. Como consecuencia, el pueblo moseten ha presentado la denuncia por el incumplimiento de la consulta, sin embargo esta fue rechazada por el gobierno.
Según la información proporcionada por el dirigente, recién en agosto se va a contar con la información exacta sobre la existencia del petróleo en el territorio, lo que va a determinar la ejecución de la próxima fase del proyecto.
Preguntado si es que la OPIM prevé tomar algunas medidas de presión para hacer respetar sus derechos e incluso exigir la suspensión de la tercera fase de exploración, Gigasí manifestó que todo depende de la voluntad del Estado para negociar y respetar la consulta con los pueblos indígenas.
“En la primera parte no tuvimos conocimiento de este trabajo, nos han sorprendido, dividido y han atropellado nuestro territorio. Todo depende de cómo procede el gobierno y si es que se va a meter arbitrariamente otra vez en nuestro territorio, o va a respetar el derecho a la consulta. Si es que nos van a seguir atropellando vamos a tener que tomar las medidas”.
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos y Conflictos Socio-ambientales