El Presidente Evo Morales gobernará con poderes casi absolutos e inmune a los bloqueos y las mezquinas presiones derechistas gracias al voto del pueblo, pero no parece dispuesto a defender los derechos obreros y mucho menos mejorar los salarios de los trabajadores mineros, profesores y fabriles que lo reeligieron.
Los efectos de la crisis capitalista en Bolivia han sido dramáticos: el año pasado la minería casi se paraliza y las fábricas cerradas dejaron en la calle a miles de trabajadores y rentistas sin protección alguna. La crisis golpeó sobre todo a los asalariados, transportistas y a profesionales libres de la clase media.
El creciente desempleo y los salarios en descenso desencadenaron luchas obreras a nivel mundial y multiplicaron las revueltas sindicales poniendo en riesgo la preciada "estabilidad democrática". Las primeras manifestaciones de la radicalización se vieron en Atenas (Grecia), Longnan (China), Puerto Príncipe (Haití), Riga (Letonia), Sofía (Bulgaria), Vilnus (Lituania) y Vladivostock (Rusia), y también en Zaragoza, Moscú y Dublín.
En casi todos los pliegos petitorios obreros aparecen las mismas demandas: Evitar los despidos y los tarifazos; más presupuestos de salud y educación, reducción de la jornada laboral sin reducción del salario, salarios dignos indexados a la inflación real, eliminación del IVA en el comercio de alimentos y productos de primera necesidad, nacionalización de empresas privatizadas y control obrero, liquidación efectiva del latifundio y distribución comunitaria de la tierra, entre otras.
La crisis ha impulsado la actividad revolucionaria del movimiento obrero, pero también ha frenado la ofensiva del proletariado y en algunos casos hasta ha debilitado el potencial ofensivo y defensivo de la clase, tal y como advirtió Trotsky.
En Bolivia los salarios siguen congelados y no hay fuentes de trabajo, pero se han bloqueado las demandas obreras a título de que el país vive un proceso de cambio.
No todos los movimientos sociales bolivianos luchan por estas y otras reivindicaciones sociales, sobre todo los gremios oficialistas. Las crisis alimentaria y climática y los derechos sociales son temas secundarios en la agenda del líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Isaac Ávalos, más interesado en la "estrategia electoral" y en copar espacios en el Poder Ejecutivo.
Los sindicatos campesinos e indígenas pro gubernamentales rechazan las consignas obreristas de la "vieja y fracasada escuela marxista, trotskista, socialista", que en su criterio son "una infección para las heroicas reivindicaciones sindicales u originarias como el levantamiento de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Tupak Amaru...".
Los sindicatos masistas abandonaron el "estéril radicalismo infantil izquierdista" y desempolvan las viejas consignas del keynesianismo cepalino: fortalecer el mercado interno y promover la pequeña y mediana empresa; expandir el gasto público en vivienda, infraestructura, carreteras, generación de empleo, y animar el consumo interno.
Los sindicatos oficialistas se han convertido en el furgón de cola del gobierno de Evo Morales, cuyo programa económico respeta la propiedad privada, la seguridad jurídica del capital, la estabilidad macroeconómica y la institucionalidad democrático burguesa.
Demandas obreras insatisfechas
La clase obrera exige la derogación de la Ley de Pensiones basada en la capitalización individual y reclama una nueva norma que retome la contribución tripartita del Estado, del sector privado y de los trabajadores para garantizar mejores rentas de jubilación. Las dirigencias sindicales aglutinadas en la Central Obrera Boliviana proponen 240 cotizaciones (20 años de aportes) y jubilación a los 55 años de edad para mujeres y hombres.
Sin embargo, el gobierno defiende el sistema de capitalización individual a través de un régimen previsional de administración mixta que asegure una pensión solidaria para los sectores más pobres y en función a los intereses de la burguesía. Morales prometió una renta de 1.800 bolivianos para los jubilados.
En cuanto a las demandas salariales, en 2007 y 2008 el gobierno dispuso una base de negociación de 5% y 10% respectivamente, pese a que la inflación llegó al 11,7% y el costo de vida se elevó a consecuencia de la especulación y el agio. Los obreros rechazaron el incremento salarial del 5 por ciento ofrecido en 2010 porque no compensa el aumento de precios de los alimentos de la canasta familiar.
Por otro lado, el gobierno negocia en secreto con las cúpulas sindicales un nuevo Código del Trabajo que supuestamente legaliza la terciarización laboral y suprime varias conquistas obreras.
En los hechos, la terciarización está plenamente vigente inclusive en reparticiones del Estado. Los trabajadores terciarizados no gozan del derecho a la salud, a la seguridad social y a la sindicalización, trabajan más de ocho horas diarias, no cobran horas extras, bonos de antigüedad, ni dominicales.
El Presidente Morales confesó hace poco que su gobierno desea modificar el régimen laboral en algunos sectores privilegiados que supuestamente trabajan menos y ganan más, aludiendo al magisterio y al sector salud.
"La gente del campo, el albañil y el transportista ganan si trabajan ese día, si no trabajan no ganan nada; pero hay algunos sectores que trabajan cuatro o seis horas cada día y cobran sueldo de un mes. Yo estaba diciendo al compañero Álvaro (García Linera) por qué entonces no lo hacemos por hora trabajada, habría que pensar en profundos cambios porque hay algunos compañeros y algunos sectores que sólo trabajan cuatro horas y quieren cobrar por un mes...", dijo Morales en un encuentro con cocaleros del Chapare.
El viceministro de Educación Germán Jiménez anunció que una de las tareas gubernamentales más importantes en la gestión 2010 será el reordenamiento de ítems en establecimientos educativos de todo el país en función al número de alumnos inscritos.
Lucha por la tierra
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional dispone la distribución "colectiva" de tierras fiscales exclusivamente a comunidades indígenas y campesinas, intentando corregir los errores de la distribución individual de predios luego de la reforma agraria de 1953. Sin embargo, algunos sectores oficialistas, sobre todo el movimiento campesino, quieren modificar la Carta Magna para viabilizar las dotaciones agrarias individuales.
"En la lucha contra el capitalismo es esencial la consolidación de nuestros asentamientos comunitarios como expresión de nuestro derecho al territorio, y con ello combatir el individualismo, la mercantilización, el saqueo de los recursos naturales, así como la búsqueda de nuevas formas organizativas en la economía, en la cultura, en lo social y productivo", afirmó el Movimiento de Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B) en la Primera Conferencia Nacional sobre Reforma Agraria, soberanía alimentaria y desarrollo integral comunitario realizada en noviembre de 2009 en Santa Cruz.
Representantes de varios núcleos y asentamientos comunitarios asumieron el deber revolucionario de fortalecer el poder territorial desde sus asentamientos comunitarios para conquistar una "reforma agraria completa, verdadera, integral y participativa"; en oposición a la mercantilización y la individualización de la propiedad agraria, "erróneo camino para la solución de la desigual estructura de tenencia de la tierra-territorio y de las relaciones de poder y dominación que aún perviven en nuestros países y particularmente en Bolivia".
Los afiliados al MST-B denunciaron que el Estado boliviano no ejecuta una verdadera reforma agraria porque no brinda asistencia técnica, servicios básicos, acompañamiento financiero y tampoco respeta el carácter participativo de la distribución de la tierra-territorio.
"Exigimos al Estado cumplir y respetar los derechos humanos de campesinos sin tierra, reconocer su trabajo colectivo, su ideología propia y sus principios en las políticas agrarias, programas de distribución de tierras y de desarrollo integral; el derecho a la participación, a la consulta y a fiscalizar los recursos renovables y no renovables", demandaron los trabajadores sin tierra en la Conferencia.
Los delegados del MST-B acordaron impulsar un reordenamiento estratégico de espacios territoriales en base a una Cooperativa Nacional de Unidades Económicas Campesinas Indígenas del MST-B (CONUECI); reclamaron una nueva Ley de la carga animal que reduzca de cinco a una hectárea por cabeza de ganado, y se comprometieron a promocionar la Carta de Derechos Campesinos hasta que sea reconocida por Naciones Unidas.
Derechos indígenas
El artículo 30 de la nueva Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígena originarios a ser consultados sobre cualquier proyecto de explotación de recursos naturales en sus territorios. Sin embargo, gobierno quiere cambiar esta normativa porque supuestamente "obstaculiza" el avance de las industrias petrolera y minera.
El presidente interino de YPFB Carlos Villegas, el ministro de Hidrocarburos Oscar Coca y otras autoridades del sector minero revelaron que el gobierno diseña mecanismos para restringir el derecho indígena a los recursos naturales de sus territorios con el fin de evitar nuevos avasallamientos a concesiones mineras y petroleras privadas, muy frecuentes en 2009.
El Ministerio de Hidrocarburos no descartó autorizar por decreto la exploración petrolera directa sin consultar a los pueblos indígenas de las Tierras Comunitarias de Originarias (TCOs) de Lliquimuni y Madidi, en el norte de La Paz.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo advirtieron que no permitirán que los derechos de los pueblos originarios sean atropellados y amenazaron con movilizarse en defensa de sus territorios.
El propio Vicepresidente Álvaro García Linera y la senadora del MAS Ana María Romero de Campero pidieron a los indígenas que flexibilicen sus posiciones y que piensen en el interés del Estado nacional. "Las comunidades deben buscar el bien mayor y no cerrarse protegiendo sólo lo suyo, olvidando las necesidades del departamento o del propio país en su conjunto", recomendó Romero.
Movilización
La CIDOB aseguró que priorizará el diálogo con el gobierno, pero no descartó una escalada de movilizaciones nacionales, mientras que el MST-B esta decidido a iniciar nuevas jornadas de lucha, manteniendo su independencia e identidad propia, sin asumir compromiso alguno con las elites del poder estatal.
El MST-B inició una campaña de sensibilización por el cumplimiento del derecho al asentamiento comunitario mediante la toma de tierras y comienza a organizarse desde las comunidades "para protagonizar una gran movilización emesetista en 2010" con el objetivo de sentar soberanía en todo el territorio nacional.
La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, la Federación de Maestros Urbanos de La Paz y otros gremios obreros anunciaron movilizaciones por un nuevo sistema jubilatorio solidario con aporte estatal y privado mayoritario, y en defensa de las conquistas obreras históricas.
El viernes pasado, miles de fabriles se movilizaron en las principales avenidas del centro de la ciudad de La Paz haciendo explotar cachorros de dinamita. Fue la primera marcha de protesta del año y tal vez la movilización obrera más masiva de los últimos cuatro años.
El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz Wilson Mamani advirtió que combatirán al "mamotreto del Código de Trabajo" negociado en secreto por la burocracia sindical de la COB y aseguró que "los traidores no tendrán cabida en el Ministerio de Trabajo".
Los movimientos sociales bolivianos golpeados por la peor crisis económica mundial de la historia son conscientes de sus opciones en 2010: o se movilizan en las calles por un salario mínimo y por derechos laborales básicos o continúan subordinándose a la lucha electoral o al "socialismo del Siglo XXI", asumiendo el papel de furgones de cola del gobierno "progresista".
Los sectores obreros son conscientes de los límites históricos del legalismo reformista, supuesto período de transición pacífica hacia el socialismo que fracasó en Chile, Argentina y Bolivia, y advierten que solo la intervención política independiente de la clase obrera es capaz de profundizar el "proceso de cambio".
La debilidad de los movimientos sociales oficialistas es su temor a hacer política, lo que equivale a resignarse a no transformar el mundo. Pero si no se solucionan los problemas de la base material del estado capitalista, no habrá derechos democráticos que valgan, afirma la vanguardia obrera boliviana.
Si el movimiento popular no se politiza corre el riesgo de convertirse en "antena repetidora del discurso dominante", como la socialdemocracia que se ha vuelto liberal-capitalista, como el comunismo que se ha convertido en una autocracia en ocasiones criminal o como el Foro Social Mundial, alerta el activista egipcio Samir Amin.
Y es que no es suficiente luchar por objetivos de corte moral como un "mundo mejor y más justo". Sin alternativas realizables ni estrategias políticas para ponerlo en marcha, se corre el riesgo de que ONG reformistas del norte rico, cargadas de buenas intenciones, monopolicen el discurso en los foros sociales que, de hecho, no son más que antenas repetidoras del pensamiento dominante, reflexiona Amin.
En su criterio, el movimiento popular tiene que ser muy severo consigo mismo para que la oleada de liberación no se quede en pura retórica. Amin considera que hay que oponerse a esas ONG pseudo-apolíticas, establecer contactos con los partidos políticos para formular programas y sobre todo atreverse a decir con claridad el objetivo político central en la lucha contra el capitalismo actual: aislar a un puñado de no más de seis mil oligarcas que concentran la riqueza a escala planetaria.