El Ministerio Público no tomará en cuenta la supuesta investigación de los diputados Pablo Banegas y Bernardo Montenegro.
El fiscal Marcelo Soza informó ayer que la investigación del caso terrorismo tiene prácticamente un 95 por ciento de avance y restan pocos indicios y elementos que analizar en las próximas semanas para luego presentar la acusación formal.
La pesquisa continuará con citaciones que serán entregadas en los siguientes días a varias personas involucradas con los hechos derivados de las actividades de Eduardo Rózsa y el grupo irregular que creó el pasado año con fines separatistas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El trabajo del Ministerio Público tomará en cuenta el informe de la comisión multipartidaria de la Cámara de Diputados, que hizo una investigación paralela del caso.
El documento fue presentado hace algunas semanas y enviado al fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien tendrá que derivarlo al operador de justicia a cargo.
El contenido de la documentación será sometido a un análisis para que se considere la posibilidad de incluir algunos de sus elementos en la pesquisa principal.
Los resultados del viaje que realizaron los diputados Bernardo Montenegro y Pablo Banegas a Hungría e Irlanda para buscar nuevos indicios sobre la supuesta ejecución sumaria de Michael Dwyer y Arpad Magyarosi no serán tomados en cuenta por no tener legalidad.
“Tengo entendido que se cerró la comisión multipartidaria que investigó el caso terrorismo; por consiguiente, no tiene razón de ser que esos ciudadanos hayan ido a pasear a un país extranjero”, manifestó Soza.
La pesquisa nacional sólo considerará las evidencias y pruebas colectadas por las tareas iniciadas el 16 de abril, luego de la desarticulación del grupo irregular de Rózsa en el céntrico hotel Las Américas de la capital cruceña.
Una posible demanda internacional contra las autoridades bolivianas promovida por Montenegro y Banegas entre los familiares de Dwyer y Magyarosi tendría que esperar la conclusión de la fase investigativa.
Y uno de los problemas que pueden surgir en la investigación del caso terrorismo es la posible convocatoria de la juez séptima de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, y del fiscal Marcelo Soza para que declaren en un juzgado cruceño, el 11 de diciembre, por el incumplimiento de una acción de libertad que favorece a los imputados por alzamiento armado Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
Sobre el caso, el representante del Ministerio Público en La Paz para este caso manifestó que no fue informado sobre la demanda.
“Si fuera notificado, yo tendré que responder legalmente porque todos los bolivianos tenemos la obligación de cumplir con la ley”, puntualizó el fiscal Soza.
La Policía debe ubicar y aprehender a los prófugos
La Policía Boliviana tiene la obligación de dar con el paradero y aprehender a varios implicados en el caso de terrorismo, en cumplimiento de diversas órdenes emitidas por el Ministerio Público, declaró ayer el fiscal Marcelo Soza.
El representante del Ministerio Público recordó que los mandamientos se refieren en especial a aquellos sindicados que se rehusaron a presentarse a declarar por los hechos que se investigan.
La lista de convocados incluye a los prófugos Alejandro Melgar, Alejandro Brown, Hugo Achá, Luis Hurtado Vaca y Lorgio Balcázar. El ex presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, todavía está en calidad de sindicado, al igual que se considera la participación del prefecto cruceño, Rubén Costas, y uno de sus hermanos en el grupo La Torre, entidad de financiamiento de las actividades terroristas de Eduardo Rózsa Flores.
“Todas esas personas y otras tienen que responder ante la justicia. Si no lo hacen seguiremos los canales legales correspondientes, es decir, si no se pudiese ubicarlos en un futuro tendríamos que declararlos rebeldes”, aseveró el fiscal encargado del caso.
La investigación sobre terrorismo tiene una segunda fuente de imputación por el cargo de alzamiento armado, y se prepara la entrega de citaciones a más personas involucradas
Los ex unionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza son los primeros detenidos preventivos, porque se tiene plena convicción de que participaron en la comisión del delito como proveedores de armas y organizadores de una especie de milicia.
Ambos permanecen hace varias semanas en las celdas de la Policía Judicial de La Paz, porque con diversas acciones legales evitan ser sometidos a medidas cautelares, como corresponde.
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2009-12-08&idn=11631