La oficina del Defensor del Pueblo entregó ayer un informe sobre las vejaciones que sufrieron campesinos de Chuquisaca el 24 de mayo de 2008, en el cual advierte, entre otras cosas, deficiencias en el trabajo del Ministerio Público en lo relativo a la identificación de los responsables y a la retardación de las investigaciones sobre esos hechos.
El informe fue entregado por la Defensora del Pueblo, Rielma Mencías, en presencia de las víctimas, entre ellos el alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien fue uno de los más afectados por las acciones de una violenta turba citadina que, además de agredirlo, lo humilló públicamente en la plaza principal de Sucre.
En el documento, el Defensor del Pueblo recomienda a la Fiscalía "identificar a los autores (inmediatos y mediatos) e instigadores de las violaciones de Derechos Humanos cometidas contra campesinos de los municipios de Azurduy, Tarvita, Mojocoya, Redención Pampa y otros".
"El Ministerio Público no actuó de oficio (…) frente a las graves violaciones de derechos de la que fueron víctimas los campesinos", y agrega que cuando las víctimas se acercaron a esa institución a sentar la denuncia "fueron tratados de forma displicente por los funcionarios de la misma".
Asimismo, el informe recuerda a otras instancias judiciales como la Corte Suprema de Justicia la obligación que tienen de "garantizar el pronunciamiento con la debida celeridad del caso, en especial a la solicitud de autorización de procesamiento de diputados" supuestamente implicados en los hechos.
El documento también encomienda a la Corte Superior de Chuquisaca "cumplir la normativa referida al respeto del derecho humano a un proceso sin dilaciones indebidas y al acceso a la justicia", relacionados con los hechos del 24 de mayo de 2008 que ya tienen acusación.
En otro acápite, el informe advierte de la necesidad de reflexionar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas sobre la revisión de sus políticas institucionales durante la intervención en conflictos sociales "para no afectar por acción u omisión los derechos a la vida, a la seguridad física, la salud, la dignidad y seguridad de los ciudadanos y ciudadanas".
También, el informe hace referencia a las instituciones públicas que formaron parte del Comité Interinstitucional de Sucre, al recordar que "como servidores públicos tienen el deber de velar por los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno".
En un acápite especial, el Defensor del Pueblo recomienda al rector de la Universidad San Francisco Xavier, Jaime Barrón, iniciar "a la brevedad posible" procesos de formación de estudiantes en temas como derechos humanos, interculturalidad, plurinacionalidad, cultura de paz y valores democráticos.
El Defensor del Pueblo dijo haber evidenciado que durante las agresiones de las que fueron víctimas campesinos del departamento de Chuquisaca se "identificaron a personas vinculadas al Comité Interinstitucional" como Roberth Sandóval y autoridades públicas como la prefecta Savina Cuéllar, la ex asambleísta Epifania Terrazas y el ex presidente del Concejo Municipal de Sucre, Fidel Herrera.
El informe indica que esas personas "no sólo presenciaron sino que asintieron, participaron, promovieron y consintieron el proceso de vulneración de derechos humanos".
Aunque no está incluido en el informe, Rielma Mencías emitió una reflexión sobre el papel de los medios en los conflictos sociales, advirtiendo que muchos de ellos se apartaron de su labor informativa e incitaron a la violencia como en el caso del 24 de mayo.
Finalmente, el alcalde Ángel Vallejos protestó por la demora en las investigaciones y amenazó con declararse en huelga de hambre, indicando que la Fiscalía no había cumplido con su tarea de investigar a profundidad los abusos que sufrió cuando vino a Sucre a recibir un lote de ambulancias que debían ser entregadas por el presidente Evo Morales.
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