La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema) advirtió este viernes sobre un posible enfrentamiento entre comunarios y trabajadores del centro minero de Corocoro debido al desvío de un curso de agua en la comunidad de Sikuipata del Jach’a Suyu Pakajaqi, que afecta a tres poblaciones.
“Anteriormente se habían registrado denuncias por contaminación y la falta de licencia ambiental del complejo minero-industrial; pero además se percibe una marcada falta de voluntad y de capacidades en cuanto a llevar adelante una efectiva resolución del conflicto que tiende agravarse”, afirmó Marco Octavio Ribera Arismendi, coordinador nacional de Monitoreo Ambiental de Lidema.
El desvió de un curso de agua, situación refrendada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), y constatada por una red radial, “es un tema muy delicado, junto a la contaminación y el funcionamiento sin licencia ambiental”, agregó.
El riesgo del conflicto entre partes, sostuvo, es alimentado por la posición del Sindicato de Trabajadores Mineros de Corocoro, que se declaró en estado de emergencia por las denuncias de contaminación ambiental, sumándose los sucesos de violencia suscitados cuando los mineros impidieron que una comisión de inspección ambiental in situ del Jach’a Suyu Pakajaqi, en ejercicio del control social previsto en la nueva Constitución, fue agredida con dinamitas impidiendo dicho proceso de verificación.
Desafortunadamente, aseveró Ribera, la cosa no queda aquí, pues representantes del Jach’a Suyo Pacajes, que agrupa a 11 comunidades locales, exigen que se deje sin efecto el desvío del río en la localidad Sikuipata y que alimenta de agua al proyecto minero, en tanto que, curiosamente, en una conferencia de prensa organizada por COMIBOL, los dirigentes del Sindicato Agrario de la Provincia Pacajes negaron los impactos ambientales.
El Sindicato minero paralelamente su estado de emergencia y beligerancia, invocaron la presencia del Consejo Nacional de Aylllus y Marcas - Jach’a Suyo Pacajes- Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, para poder negociar.
“Se puede interpretar una intencionalidad poco responsable de la empresa estatal minera, no sólo en términos de generar una polarización entre comunidades y sindicato minero; sino de incentivar un antagonismo entre organizaciones campesinas de la región, induciendo un divisionismo y debilitamiento de las organizaciones sociales que supuestamente son el pilar del Plan Nacional del Desarrollo y del Vivir Bien, que también es vivir en paz”, aseguró el experto.
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