Tierras. Unas 1.000 familias del vecino país deben salir de la frontera porque están de forma ilegal. Los gobiernos de ambos países y la ONU coordinan la tarea. Las áreas que dejen, las ocuparán bolivianos
La inminente salida forzosa de unas 1.000 familias de ciudadanos brasileños asentadas en Pando ha comenzado a generar tensión porque muchas de ellas no quieren perder sus posesiones logradas en años de trabajo.
Sin embargo, el Gobierno central y el de Brasil encaran la labor, junto con la Oficina Regional para el Cono Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unida a la Organización de las Naciones Unidas, tomando en cuenta que el artículo 262 de la Constitución Política del Estado señala de forma taxativa que ningún extranjero puede adquirir propiedad en la zona de seguridad fronteriza, que comprende los 50 kilómetros, a partir de la línea de frontera.
El tema se encara desde hace más de un año y debe culminar en diciembre, confirmaron en la embajada de Brasil en Bolivia y la Dirección Nacional de Tierras dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Pese a ello, los afectados han comenzado a gestar una especie de movimiento interno al señalar, tanto de forma pública como en reuniones convocadas por el Gobierno del vecino país, que no están dispuestos a dejar sus posesiones tan fácilmente y amenazan con prender fuego a sus haciendas.
Claudia Vasques, de la embajada brasileña en La Paz, confirmó la situación, pero también resaltó que no pueden hacer nada y que se abocarán a facilitar “sin traumas” la salida de sus coterráneos.
Por su parte, Cliver Rocha, director Nacional de Tierras, manifestó que la gestión gubernamental se está limitando a hacer cumplir la ley y, para evitar un problema social de dimensiones, a los afectados les darán la oportunidad, si así lo deciden, de reubicarse en otros lugares del país donde puedan desarrollar sus actividades sin vulnerar las normativas nacionales.
En ese caso se adquirirán tierras de particulares, para lo cual se dispone de un fondo económico de $us 10,2 millones que lo administra el Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica en Migraciones de la OIM, proveniente de aportes del Gobierno de Brasil.
Consultado sobre el tema, el presidente del Comité Cívico de Pando, Herbert Salvatierra, señaló que no se interpodrán ni interferirán en esa política que impulsa el Gobierno de Evo Morales y esperan que sea beneficiosa para el Estado nacional.
Empero, reconoció que será complicado porque “muchos brasileños tienen una vida establecida con posesiones y familias consolidadas”. Aún así, insistió en que los cívicos pandinos no se pronunciarán oficialmente al respecto.
Respecto al destino que se les dará a las tierras que dejarán los oriundos del vecino país, Rocha apuntó que “las ocuparán familias bolivianas”, ya que esas áreas son fiscales.
En su oportunidad, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que la presencia de extranjeros en Pando estaba generando una invasión pacífica que puede tener consecuencias ‘funestas’ para la integridad del territorio boliviano, por lo que es un imperativo ponerle atajo.
Tanto la embajada de Brasil como la repartición que dirige el tema tierra en el país han coincidido en señalar que la mayoría de los brasileños que se verán afectados con la decisión de expulsarlos son de origen humilde que se dedican a la extracción de castaña y goma, y a la cría de ganado de menor intensidad.
“Son muy pocos los que tienen grandes haciendas”, dijo Rocha, aunque apuntó que mucha de esta gente se dedica a la extracción ilegal de madera para contrabandearla a países vecinos. “Es necesario regular esto y sólo lo podemos hacer así”, añadió.
Hay voces que hablan de resistir
Un reporte de la revista Terra, fechado el 1 de agosto, da cuenta que en una reunión realizada el 30 julio en la localidad Plácido de Castro (Acre-Brasil), en la frontera con Bolivia, los brasileños que viven dentro del territorio boliviano no se mostraron predispuestos a dejar sus posesiones. Es más, varios aseguraron que resistirán el desalojo y, en caso de ser necesario, están dispuestos a ‘incendiar’ sus propiedades.
“Conozco ocupantes y hacendados que invirtieron durante toda la vida en sus propiedades en Bolivia. Entre perder todo y quedar sin nada, varios de ellos están organizándose para resistir la expulsión”, afirmó el concejal de dicha ciudad, Alisson Ferreira, a Claudia Vasques, de la embajada del Brasil en La Paz, y a Miguel Alfredo Ruiz, de la OIM, que estuvieron allí.
Los proyectos de la OIM que contemplan, entre otras cosas, unidades productivas, agrovillas, y sistemas agropecuarios con viviendas, infraestructura básica y capacidad de producción en áreas designadas por el Gobierno boliviano, no convencen a los brasileños que se verán afectados con la expulsión y no se descarta que comiencen a realizar manifestaciones de rechazo en zonas como Bella Flor y Rapirrán, donde están en mayor cantidad.
El Gobierno brasileño ha insistido en que hará todo lo posible para que sus ciudadanos dejen el lugar, porque están de forma ilegal.
Sin indemnización
La reubicación de las familias brasileñas no contempla indemnización alguna. Sólo se las ayudará a instalarse en otro lugar del país o, si lo prefieren, para volver a Brasil.
El Viceministerio de Tierras ha señalado que todas las áreas fiscales de Pando serán ocupadas por gente que no tiene tierra. El traslado de gente del occidente del país figura en el primer plano.
El ministro Juan Ramón Quintana señaló que cada una de las 4.000 familias que sean ubicadas en Pando recibirán entre 50 a 75 hectáreas para que las trabajen en faenas de recolección de castaña, aprovechamiento sostenido de la madera y agricultura de sobrevivencia.
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