Magistrados de la Corte del Distrito Judicial de La Paz opinan que la solicitud de garantías para la seguridad, tranquilidad, armonía, convivencia, realizada por los dirigentes y familias del Pueblo Mosetén a través de un recurso extraordinario, no correspondía sea otorgado porque no existen evidencias objetivas de riesgo para su libertad y sus vidas.
En la mañana del lunes 10 de agosto, la sala penal segunda de la Corte instaló una audiencia pública para escuchar a los dirigentes Vicente Moy, Daniel Gigasi, Máximo Merena y otros demandantes, sobre la situación que están viviendo las comunidades Mosetén, desde septiembre del año 2008, cuando se anunciaron actividades petroleras en el norte de La Paz, impulsadas por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través de la empresa YPFB-Petroandina SAM.
A pesar de los testimonios en directo de las víctimas del proyecto de exploración sísmica denominado Lliquimuni, los abogados del ministerio y los propios jueces, analizaron el problema apenas desde el cumplimiento o incumplimiento del proceso de consulta. El tema de fondo no era la consulta, sino la presión que sufren los Mosetén, la alteración de sus vidas por causa del proyecto petrolero.
Una relación directa entre el proyecto de sísmica como causa de estas zozobras, se evidencia que una vez que el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos autorizara el inicio de la exploración sísmica en campo, ha empeorado la situación de las comunidades.
Se han instalado campamentos en la Tierra Comunitaria de Origen Mosetén, a diario se produce la movilización de más de mil trabajadores que circulan por comunidades de 30, 50 familias, se produce vuelos de helicóptero en una región caracterizada por la calma, donde lo habitual era oír el canto de un ave o el grito de un mono, en fin, la operación de los equipos petroleros nada silenciosos, han acabado con la paz de la Amazonía.
Los dirigentes Mosetén explicaron a los jueces que sus vidas individual y colectiva han sido tremendamente alteradas, que su organización con quince años de trabajo monolítico, ha sido dividida en pocos meses a partir de la presión e insistencia para ejecutar el proyecto petrolero, violentando sus derechos a la autonomía, territorialidad, a sus usos y costumbres, a su derecho a ser informados oportuna y adecuadamente, a que se cumplan con los instrumentos de derechos humanos de los pueblos indígenas, como son el Convenio 169 de la OIT, la declaración de Naciones Unidas y la propia Constitución Política del Estado.
Vicente Moy y Daniel Gigasi, que fueron los únicos que pudieron hablar a pesar de estar presentes otros dirigentes y comunarios de base, directamente afectados y que pudieron aportar con más testimonios, explicaron en la audiencia que no se sienten seguros ni en sus comunidades. Que cada día los niños y adultos se hallan temerosos de salir de sus casas porque viven en la total incertidumbre. Los Mosetén se hallan prisioneros en su propio territorio.
No pueden transitar libremente porque se sienten acosados, vigilados, no pueden visitarse por cualquier motivo de una a otra comunidad, pues existe la susceptibilidad de que toda acción esta relacionada con el proyecto petrolero, a favor o en contra.
La organización Mosetén se halla fracturada, cuatro caciques que se oponen rotundamente a la presencia de extraños sin antes haberles explicado adecuadamente qué están haciendo y cuatro caciques que han suscrito actas con el Ministerio de Hidrocarburos, pero que las mismas no cuentan con las firmas de las autoridades.
Las familias también están divididas por la posición que han adoptado con relación al proyecto petrolero. Toda esta realidad presente, estos hechos descritos por los Mosetén, no fueron suficientes para los jueces, que esperaban "otras pruebas objetivas".
La región está afectada en su medio ambiente, en su flora y fauna, en sus sistemas de subsistencia, los indígenas no pueden ir a las comunidades de colonos, porque han sido amenazados con aplicarles la justicia comunitaria, por haber manifestado públicamente que el Ministerio de Hidrocarburos no ha cumplido con las leyes indígenas antes de ingresar a su territorio y resulta que cuando acuden a la justicia, descubrimos que los jueces de turno, tampoco están empapados de éstos derechos, es más, menoscabaron los testimonios exigiendo pruebas materiales de la persecución o la amenaza.
El relato y las argumentaciones escritas de los Mosetén no fueron entendidas adecuadamente y menos atendidas. Al parecer los jueces en el país, consideran que la violencia sicológica contra las personas, establecida por la Constitución Política del Estado como garantía fundamental, tiene que ser probada con un daño material.
La presión, la persecución, el miedo, la intranquilidad que están sufriendo cada día los Mosetén en sus propios hogares, es una violencia "inmaterial", psicológica, que afecta sus vidas, que les ha obligado a alterar sus acciones, sus obligaciones, ya desde hace meses, pero agravada en las últimas semanas; todo a consecuencia de la realización del proyecto petrolero.
La opinión de los magistrados de la Corte de Distrito de La Paz, sobre el recurso presentado por los Mosetén deberá ser revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano del Estado encargado del control constitucional y de precautelar por el respeto y vigencia de los derechos. Aunque sabemos que éste tribunal aún no existe, una vez constituido se tendrá que pronunciar al respecto, momento en el cuál podremos apreciar cuál el grado de sensibilidad y conocimiento de la justicia boliviana con relación a los derechos indígenas.
Mientras tanto, esperemos que ninguna amenaza se concrete en hechos de violencia física para convencer a los tribunales. Confiamos que el pueblo Mosetén soportará como lo viene haciendo los embates de los intereses petroleros, como históricamente aguantó otras agresiones; es más, anhelamos que de este conflicto el pueblo Mosetén salga fortalecido a pesar de las heridas emocionales, psicológicas e incluso cuando los que por ahora han creído en las promesas del desarrollo gracias a la exploración sísmica que les han sembrado en sus cabezas los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, caigan en cuenta del engaño, retomen la defensa de su dignidad, de su territorio, de sus vidas sumándose a los que ahora resisten.
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